Impudicia, patrullaje y bomberos piromaníacos detrás de una red que empieza a estar al descubierto

Política

El affaire Hornos-Borinsky es inversamente proporcional en el escándalo a los votos que el oficialismo tiene para correrlos. Superintendencia caliente, mañana. El Calabrés Desconfiado. Los hilos en el nombramiento del perito de Vialidad y "dólar futuro" precalienta para la próxima semana

Este martes será el primer plenario de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal que estará atravesada por la revelación periodística acerca de los ingresos de jueces de ese tribunal a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri. La reunión se preanuncia caldeada por la sucesión de pedidos y escritos que ingresarán con dos de los protagonistas que estarán online: Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La cantidad de visitas de este último eclipsó las del actual presidente del máximo Tribunal Penal cuyo proceso disciplinario se abrió en el Consejo de la Magistratura y a la par en una denuncia penal por la relación de varias de sus decisiones judiciales y la cronología de visitas al entonces presidente. Las explicaciones que trascendieron no satisfacen al sentido común. Pero eso no implica que todavía se les puedan adjudicar delitos y mucho más relevante para el oficialismo, que se cuente con los votos suficientes como para iniciar un proceso de destitución. Lo que sí ocurrirá es una avalancha de nulidades, recusaciones y hasta “cosa juzgada írrita” en varios expedientes en trámite. Sobre ese punto, Casación deberá adoptar una posición de contención de daños. Hoy tiene a un tercio de su integración total bajo sospecha por uno u otro motivo. Hay otros dos jueces que integraron la comisión redactora del Código Penal encabezada por Borsinksy -Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques- que evalúan un desmarque. Son los que no registran ingresos a Olivos.

Por lo demás, el drama del macrismo parecer estar más dado por lo que dejaron a la vista que por lo que ocurrió en las sombras. Los llamados por teléfono “de línea” de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y los ingresos a la Casa Rosada y a Olivos dejaron expuesto un mecanismo en la toma de decisiones vinculadas con lo judicial en casos sensibles para el Poder Ejecutivo. Calabrés desconfiado, Macri exigía un “tete a tete” de actividades usualmente delegadas en operadores judiciales. En el fondo, tampoco confiaba en ellos. La torpeza de realizar las reuniones, dejar registro, negarse a entregarlos y hasta “editar” ingresos ante el reclamo judicial de Poder Ciudadano, al que finalmente logró acceder El Destape, exhibe un nuevo desprecio del macrismo por los que eran involucrados en los encuentros y agiganta la polémica de algo más viejo que la injusticia: por una vía u otra a la política le gusta tener bajo control a Comodoro Py. Un efecto colateral del nuevo “patrullaje” de registros: en el Poder judicial están reticentes hasta para mantener diálogos telefónicos vía mensajería instantánea. No se sabe cuándo podrían aparecer en algún cruce.

La adjudicación al oficialismo de un plan deliberado y coordinado para embestir contra quienes aparecen en varios de los registros es un error de sobre estimación. Algún aludido -víctima del lanzallamas de la transparencia- “estaba ahora trabajando para el bien”, se lamentaron en algunos despachos oficiales, respecto al revoleo de nombres. “¿Están seguros que no van a necesitar a ninguno?”, se preguntaban en el Consejo respecto a lo inversamente proporcional que era el nivel de escándalo de algunos dirigentes del Frente de Todos frente a la cantidad de votos que pueden negociar para garantizar algún cambio. No sea cosa que construyan mártires judiciales. En el submundo de trajinadores de pasillos hubo malestar durante el fin de semana con la revelación a la que le adjudicaron una sincronización que fue fruto del azar. “En una semana, incumplieron lo acordado”, se escuchó decir a uno de los influyentes que está del otro lado de la vereda del kirchnerismo. Hablaba de un fallo que benefició a Amado Boudou pero también de la que trasladó a Comodoro Py la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora. ¿Por qué contaban a las dos como favorables a los deseos del kirchnerismo? Misterio.

De hecho, hubo cuestiones que llamaron la atención a un sector del propio oficialismo. Entre las revelaciones periodísticas apareció un encuentro agendado el 25 de octubre de 2017 con Franco Bindi, a quien se relacionó como abogado del valijero arrepentido Leonardo Fariña. Sin embargo, el problema es de fechas. Para ese momento, Bindi hacía un año que no representaba más al arrepentido pero iba camino a convertirse en una figura importante como arquitecto jurídico de varios expedientes resonantes, entre ellos el de la causa que expuso al falso abogado Marcelo D´Alessio. Elogiado por sus capacidades que alcanzan a una comprensión de la inteligencia a nivel geopolítico, es de igual manera recelado y mirado con mucha desconfianza por sectores ligados al Instituto Patria, que lo ven como una amenaza. El paraguas que lo acogió fue el de Leopoldo Moreau, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Sus principales detractores están en las filas oficialistas.

Muy distinta es una cuestión que también aflora en esta matriz que puede interesar a Cristina de Kirchner. Y tiene que ver con el modo de designación de peritos que intervinieron en causas relevantes contra exfuncionarios. A través de distintas resoluciones, la Corte Suprema estableció el régimen de comisiones para llamar a concurso de vacantes de ingenieros y contadores y abogados. Mediante la Resolución 2234/2015 del 20 de agosto de ese año quedó conformada la comisión con el secretario letrado de la vocalía de Elena Highton de Nolasco -Luis Roberto Ares-, entre otros. Elegido por esa comisión fue Pablo Eloy Bona -autor del peritaje en la causa “Vialidad”, donde está acusada la expresidenta- y la única prueba técnica que (pese a estar muy discutida por la metodología comparativa) sobrevive en un juicio que cuyas testimoniales no han avalado la acusación, hasta ahora. Dos meses después de esta designación a quien había salido segundo en el concurso, la Corte decidió cambiar la integración de las comisiones, con delegados de otras vocalías. Pero también el perito ingeniero designado con especialización en petróleo por esa comisión fue David Cohen, quien después se haría famoso por la pericia “trucha” en la causa GNL por la cual va rumbo a juicio oral por falso testimonio agravado. La fiscal Paloma Ochoa tiene delegada la investigación sobre sus cruces telefónicos. Un interlocutor frecuente era el propio Ares, quien junto a su socio Hernán Chiesa, antes, durante y después de la pericia presentada ante Claudio Bonadio mantuvo alrededor de 150 comunicaciones con Cohen. Dos días antes de que la Cámara Federal diera de baja la pericia por insostenible, Ares se retira de su cargo presentando la renuncia el 1 de febrero de 2018 y acogiéndose a la jubilación. Inmediatamente después, terminó como abogado defensor de Cohen en la causa penal. El secretario letrado que designó a Cohen, mantuvo conversaciones durante el desarrollo de la pericia, y pasó sin escalas a defenderlo. Casualidades.

La red que queda expuesta puede tener muchas más ramificaciones con la inclusión de los cruces telefónicos que aguardan luz verde de Casación en la causa Indalo. Rodríguez Simón es la punta de un ovillo que nuclea las principales “misiones” que Macri delegaba al estratégico funcionario. La semana no será tranquila. Pero puede ser la antesala de una mucho más intensa: por feriados y licencias, el plazo de la Cámara de Casación para definir la causa “dólar futuro” tras el feroz alegato de Cristina de Kirchner pasará para el martes próximo. Pese a que los plazos pueden ser flexibles, según pudo saber Ámbito, la Sala I aspira a tener una definición sobre si debe o no ir a juicio justo cuando el contador llegue a cero.

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