Por maniobras con su deuda, la Justicia interviene el Correo de la familia Macri

Política

Jueza decidió intervención plena de la firma, desplazó a los administradores y destacó el cúmulo de irregularidades detectadas: se incrementó pasivo, no pagaron impuestos y se sospecha "vaciamiento".

En el proceso concursal más largo de la historia judicial argentina, la jueza comercial Marta Cirulli ordenó finalmente la intervención plena de la empresa Correo Argentino, de la familia Macri. Y por el cúmulo de irregularidades que arrastró todo el trámite incluyendo las sospechas de vaciamiento de las empresas controlantes, dispuso el desplazamiento total del órgano de administración, hasta que concluya el procedimiento de salvataje denominado “cramdown”. La magistrada hizo lugar a un pedido de la fiscal Gabriela Boquín que viene denunciando la violación a la ley de concursos y quiebras. Para Cirulli, el proceder de la sociedad “en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración, resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”. La decisión puede activar la causa penal por el acuerdo fallido que había aceptado el Estado cuando Mauricio Macri era presidente y que, según denunció la fiscalía, incluía un perjuicio millonario a las arcas públicas.

Entre las irregularidades detectadas está la indeterminación del pasivo posconcursal (las deudas que se acumulan tras el inicio del concurso); el posible ocultamiento de una deuda tributaria, por falta de pago de los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta desde el año 2013 (a la actualidad); lo desmesurado del pasivo en cuestión, a tenor de lo que venía informando la sindicatura controladora; y la aparición sorpresiva de una deuda originada en la reversión de aportes irrevocables dados por Sideco Americana S.A. –empresa insignia de los Macri- en favor de la concursada, sin referencia de fechas, modalidades o circunstancias de su efectivización, además de haber sido ocultada (el posible vaciamiento).

A todos estos fundamentos expresados por Boquín, adhirió la Procuración del Tesoro de la Nación, tras el recambio de autoridades y a cargo de Carlos Zannini. Hasta ahora con “coadministradores designados”, se calculó que el pasivo posconcursal al 30 de septiembre de 2019 ascendía a de $191.997.055,52. Ese monto fue cuestionado por la jueza, porque no lo consideró “sincero”. Cirulli, a lo largo de 28 carillas, resaltó que a su juicio las “salvedades y aclaraciones” que tiene ese monto “resultan reveladoras de que la concursada sigue sin arrojar luz sobre su real endeudamiento, y mantiene un proceder renuente, impensable a esta altura del proceso”. La empresa de los Macri respondía “parcialmente” y a “cuenta gotas” lo requerido por el coadministrador y nunca logró rebatir lo que señaló Boquín respecto a “la posible existencia de un crédito de titularidad de la AFIP, de nada menos que $600.000.000, originado en los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta; es decir, un aumento de más de tres veces del pasivo informado”.

Además, según la jueza, el Correo Argentino “incorporó sorpresivamente una deuda de $58.382.829,34, sin la necesaria explicación sobre la causa de los sindicados y remotos aportes irrevocables, ni sobre el destino que se les habría dado, ni sobre las condiciones jurídicas necesarias para pedir la restitución en el momento que fuese”. De acuerdo al fallo “la totalidad de la deuda posconcursal -que el 6 de septiembre de 2019 juzgué en parte ocultada, en parte contradicha, y en general carente de documentación respaldatoria- ascendería al 30 de septiembre de 2019 a $191.997,005,52”. La “desmesura” de la deuda, para la Justicia, no se puede justificar dado que la empresa es residual y su única tarea es atender las cuestiones judiciales del concurso. Es decir, no tiene actividad alguna. Ese pasivo se incrementó en favor de dos acreedores, Socma Americana S.A. y Sideco Americana S.A., ambas controlantes y de la familia Macri, lo que hizo sonar las alarmas de una maniobra de vaciamiento.

“La aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”, advirtió la jueza sobre la última irregularidad detectada. “Es de toda evidencia que lo que Correo Argentino debió hacer -y no hizo-, era desvirtuar con contundencia la presunción de la Fiscalía General en punto a la posible existencia de un pasivo de $600 millones generado por aquel concepto (Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del año 2013), cuando menos al presentarse para resistir las imputaciones de la Fiscalía General y de la Procuración del Tesoro de la Nación”, dice uno de los párrafos de la resolución.

El expediente comercial del concurso lleva casi 16 años en la justicia. En 2010 se dispuso rechazar la propuesta de acuerdo preventivo formulada por Correo, y se abrió el proceso de salvataje. La empresa de los Macri apeló sucesivamente para evitarlo. Mientras tanto, en lo que se convirtió en un escándalo político, pactó una quita de la deuda con el Estado Nacional, que fue considerada abusiva por la fiscal Boquín, y denunciada penalmente por la posibilidad de que se hubiera intentado consumar un delito.

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