29 de marzo 2005 - 00:00

Mañana jefe de Gabinete enfrenta 700 preguntas

Dos ex jefes de Drogas Peligrosas de la Aduana deberán explicar cómo funcionaban los controles en el Aeropuerto de Ezeiza y por qué no fueron supervisados los vuelos de SW durante un año.
Dos ex jefes de Drogas Peligrosas de la Aduana deberán explicar cómo funcionaban los controles en el Aeropuerto de Ezeiza y por qué no fueron supervisados los vuelos de SW durante un año.
El peronismo confirmó ayer que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, estará presente mañana en el recinto de Diputados para dar su informe mensual al Congreso que, en esta ocasión, estará dedicado casi íntegramente al caso Southern Winds. Como será la primera visita oficial de un ministro al recinto - Rafael Bielsa lo hizo, pero a una comisión del Senado-, se espera que la sesión para responder preguntas dure varias horas. Hasta ayer, se habían presentado 350 preguntas de todo el bloque radical y 65 de Alicia Castro, de Frente para el Cambio, que con el resto de los bloques suman más de 700.

La sesión para recibir a Fernández está convocada para las 15 y si bien por reglamento el jefe de Gabinete sólo responde las preguntas que le fueron enviadas previamente, se espera que la oposición termine forzando un debate, por lo menos es lo que pretenden radicales, aristas, socialistas y Castro.

Los diputados deben enviar las preguntas al jefe de Gabinete con una anticipación no inferior a siete días hábiles, mientras que el funcionario debe adelantar a los titulares de los bloques un escrito con los temas que abordará en su exposición.

• Advertencia

Desde el socialismo, Jorge Rivas adelantó el fin de semana que las preguntas al jefe de Gabinete estarán centradas, además del caso SW, «en el tema de los radares, Haití y las irregularidades en el otorgamiento de planes sociales», y consideró que Fernández «debería venir predispuesto a someterse a un interrogatorio pormenorizado que facilite información».

Dentro del listado de preguntas, los diputados pusieron énfasis en todo el sistema de contrataciones entre el Estado, LAFSA y Southern Winds, y, en especial, el destino que se dio a los $ 7 millones mensuales del subsidio. Pero sobre todo también a las nuevas contrataciones que se hicieron en LAFSA. Los diputados quieren saber cómo y quién tomó la decisión, adelantada por este diario, de contratar más personal en LAFSA -algunos parientes de funcionarios de segunda línea del gobierno y legisladores-, una empresa sin aviones, ni rutas propias operadas. Un escándalo sólo comparable al otro caso de «ñoquis» en la empresa aérea estatal: de los 855 empleados que debía absorber la empresa LAN se supo que sólo 450 pertenecían a LAPA y Dinar en origen, el resto fue contratado por sindicatos, legisladores y funcionarios.

A eso apuntan tres preguntas clave que le fueron giradas a Fernández por la diputada sindical
Castro: «¿Cuántos de los desempleados de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas Sociedad Anónima (LAPA) y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima (Dinar) integran la lista de empleados de la empresa LAFSA?, ¿cuántos empleados del total integrante de LAFSA no brindaban servicios en las empresas LAPA y Dinar al cierre de sus operaciones? y ¿quién fue el encargado de confeccionar las listas de empleados de la empresa LAFSA y bajo qué criterio las confeccionó?».

Otro de los embates más duros contra el contrato de LAFSA con SW y la forma en que lo manejaron Ricardo Jaime y Ricardo Cirielli, de la Secretaría de Transporte, proviene también del listado de preguntas de Alicia Castro: «¿Qué razones motivaron la elección de la empresa Southern Winds (SW) para celebrar el Acuerdo de Cooperación Empresaria con la empresa LAFSA, signado el 23 de setiembre del año 2003 y aprobado por Resolución 191/03 de la Secretaría de Transporte de la Nación, cuando la mencionada SW a la fecha de la suscripción del acuerdo no pagaba los contratos de leasing de sus aviones, arrastraba una deuda de aproximadamente 40 millones de dólares, no pagaba las tasas aeroportuarias, tenía cortado el suministro de combustible por facturas impagas y amenazaba con despedir a sus empleados».

Incluso se acusa allí al propio Cirielli de haber afirmado en mayo de 2002 -en franca contradicción con su comportamiento posterior- que SW no era una empresa segura. También se espera que el jefe de Gabinete revele un punto de la relación entre esas empresas que hasta ahora no se había mencionado: «¿Cuántos bienes se inscribieron a nombre de SW, mediante el sistema de contratación directa de bienes y servicios... por carecer LAFSA de certificado de explotador, como figura en la cláusula decimosegunda del acuerdo?», se le preguntó.

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