Se conoció la resolución por medio de la cual la magistrada clarificó su decisión de liberarlos. Entre las razones, se omitieron "detalles sobre la hora y lugar".
Se conoció el fallo en el que Andrade argumentó la liberación de los 114 detenidos de la marcha de jubilados.
La jueza Karina Andrade ordenó este jueves la liberación de 114 de los detenidos durante las manifestaciones en la tarde del miércoles frente al Congreso Nacional por la marcha de jubilados. En el fallo, al cual tuvo acceso Ámbito, la magistrada señaló: "A medida que se informaban las detenciones, la información se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial".
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Esto significa que a medida que se hacían las detenciones, "se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar" en los que ocurrieron. Tampoco se informaba en relación a "qué delito específico se estaba convalidando la detención" ni el lugar donde serían alojados, marcó la jueza.
En ese sentido, Andrade destacó la necesidad de "enmarcar el caso dentro de las exigencias constitucionales y convencionales", debido a que "se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales" y enumeró los derechos a:
"Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de (...) uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", indicó.
También detalló que "los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores".
Por otra parte, Andrade señaló que estas derechos "se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad democrática dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y los actos de gobierno y criticar los actos de sus representantes".
Por eso, la magistrada afirmó que "quienes se "movilizan" en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes", siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, porque "nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta".
Por otro lado, también argumentó que "cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad".
En ese sentido, insistió: "La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación”". Y agregó: "A diferencia de lo que sucede con otros detenidos en 'flagrancia', no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle".
Y consideró que esto no fue responsabilidad del Ministerio Público Fiscal sino que tuvo que ver con "las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad" durante las manifestaciones en Congreso.
Tras los disturbios en Congreso, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Ante esto, desde el gobierno de Javier Milei cuestionaron fuertemente la medida. El vocero presidencia, Manuel Adorni, afirmó que "la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina".
En detalle, durante la marcha de jubilados del miércoles - durante la que se reclamo una mejora en los haberes jubilatorios - las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes y aprehendieron a un total de 114 personas. Durante el operativo, 25 civiles fueron heridos y uno de ellos, el reportero gráfico Pablo Grillo, se encuentra grave y con pronóstico reservado.
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