Marijuán apuntó a organizaciones sociales por coacción con planes

El fiscal federal Guillermo Marijuán efectuó una denuncia contra los responsables de las organizaciones sociales “Polo Obrero” (PO) y “Organización Clasista Revolucionaria” (OCR), por el delito de coacción.

Según relató el fiscal, en el día miércoles diversos medios periodísticos emitieron imágenes que daban cuenta de que, durante la realización de una marcha en reclamo social en las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referentes de distintas organizaciones sociales tomaban asistencia a las personas que concurrían a la marcha, bajo amenaza de que en caso de no concurrir o retirarse antes de su finalización les quitarían su plan social o no les entregarían los que se estaban tramitando.

“Ello constituye un delito por cuanto legalmente no existe condicionamiento alguno en manos de un tercero para que quienes lo precisan puedan acceder o conservar un beneficio social. Entre varios testimonios recogidos por los periodistas que se encontraban en el lugar, cabe señalar ciertos dichos de manifestantes a los que se logró entrevistar. Así, estas personas relataron que percibían $12.000 mensuales y que si faltaban a las marchas o no se quedaban hasta el final de las mismas, se los quitaban, dando de baja las tarjetas a través de las cuales los percibían”, dice la denuncia.

Al mismo tiempo, se dejó asentada la existencia de personas pertenecientes a las asociaciones convocantes que hacían firmar cuadernos o libretas a los asistentes a efectos de confirmar su presencia.

Asimismo, quedó registrado por las cámaras que al momento de la desconcentración se les pedía un número a los manifestantes para corroborar que se hubieran quedado hasta el final. Así lo explicaba un asistente: “en la entrada nos dieron un número y ahora de salida lo tenemos que entregar otra vez”.

El fiscal consideró que en virtud de las amenazas que ejercieran sobre los beneficiarios de planes sociales para que asistieran a la marcha, se podría estar en presencia del delito de coacción, previsto en el artículo 149 bis, párrafo 2º, del Código Penal, el cual reprime con prisión o reclusión de dos a cuatro años al que: “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, tolerar algo contra su voluntad”.

El fiscal pidió varias medidas, entre ellas identificar a las personas que tomaban asistencia a los concurrentes a la manifestación