Más serio: Diputados puso fin a tétrica ley del "2x1"

La Cámara de Diputados convirtió anoche en ley el proyecto que deroga el sistema de cómputo de penas conocido como "2x1", que permitía la excarcelación de los condenados que no tenían sentencia firme. Con el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, Diputados impuso su criterio y rechazó las modificaciones que el Senado le introdujo al proyecto la semana pasada. La ley aprobada establece que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, con la posibilidad de prorrogarse un año, por resolución fundada y con una comunicación inmediata al tribunal superior. Crea, además, un mecanismo de control para evitar la morosidad judicial y dispone que los jueces deberán elevar al Consejo de la Magistratura un informe sobre los motivos cuando no se llegó a dictar sentencia. La ley del "2x1" fue creada en 1994 cuando se sucedían motines en distintas cárceles del país por demoras de la Justicia. Si bien la ley ayudó a aliviar la crisis carcelaria, desató una fuerte polémica porque dejó en libertad a presos peligrosos que volvían a cometer los mismos o peores delitos, como el caso de violadores de menores. Ahora será el Ejecutivo el que promulgue la ley, a partir de lo cual entra a regir.

Con el acuerdo de los legisladores de la Alianza y del PJ, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que deroga el patético «2x1» que benefició a cientos de presos considerados peligrosos procesados y condenados sin sentencia firme.

Con el voto de los dos tercios de los legisladores presentes, Diputados ratificó así su proyecto original y dio marcha atrás con las modificaciones que la semana pasada le introdujo el Senado.

La diferencia fundamental entre lo aprobado por ambas cámaras, es que el Senado eliminó el sistema de control que habilitaba al Consejo de la Magistratura para recibir un informe de cada juez explicando los motivos por los cuales no emitió sentencia, tras haber pasado dos años de prisión preventiva y confeccionar un registro de los procesados.

Tras consultar a algunos magistrados, los senadores decidieron quitar esta parte del texto, aunque en Diputados ya se había anticipado que insistirán porque «ésta es una forma de darles control a las causas que se demoran por más de dos años».

Al margen de esta modificación, Diputados mantuvo el núcleo del proyecto, que deroga el «2x1», que durante más de seis años facilitó la excarcelación de procesados y condenados sin sentencia firme.

Sobre los plazos judiciales, el texto fija que la prisión preventiva no podrá ser superior a los dos años, sin que se haya dictado sentencia, con la posibilidad de prorrogarse un año, por resolución fundada, y con una comunicación inmediata al tribunal superior.

También habilita al Ministerio Público, que podrá «oponerse a la libertad del impuesto por la especial gravedad de la pena que le fuera atribuida, o cuando entendiera que concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 319 del Código Penal, o que existieron articulaciones manifiestamente dilatorias de la defensa».

La derogación de los artículos 7 y 8 de la ley sancionada en 1994 significa la derogación de un beneficio o supuesto beneficio, «pero no implica que estamos incumpliendo el Pacto de San José de Costa Rica», según expresaron los legisladores durante los debates dados en ambas cámaras.

Este régimen, que permitía contabilizar como doble a cada día de presión cuando no existe sentencia firme, y siempre y cuando hubieran transcurrido los dos años de proceso, fue beneficioso porque ayudó a aliviar la crisis carcelaria. Sin embargo, desató una fuerte controversia porque dejó en libertad a presos peligrosos, que volvían a cometer los mismos o peores delitos, como el caso de violadores de menores.

La ley del «2x1» fue impulsada en el año 1994 durante la gestión de Carlos Menem y cuando se sucedían motines en distintas cárceles del país, algunos de ellos sangrientos, como protesta a la lentitud de la Justicia en resolver sus causas.

El titular de la Comisión de Legislación Penal, Dámaso Larraburu (PJ-Buenos Aires), explicó que diputados insistieron en la necesidad de que sea el Consejo de la Magistratura quien controle la morosidad judicial. En tal sentido, afirmó que «en el debate dado en 1994 sobre el tema, el propio Fernando de la Rúa, que en ese momento era senador, destacó la necesidad de darle al Consejo de la Magistratura mecanismos de control para los casos en que los jueces demoraran las causas por un tiempo excesivo».

Una impresión similar tuvo la diputada Mabel Müller, que dijo ayer a este diario que los diputados respetaron el acuerdo para que sea el Consejo de la Magistratura quien controle las demoras que puedan producir una resolución judicial.

Superado este paso, será ahora el Ejecutivo quien deberá promulgar la ley y, eventualmente, vetar el artículo que hace referencia al Consejo de la Magistratura y que fuera cuestionado por los jueces.