El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, reclamó a sus colegas diputados discutir una ley de Extinción de Dominio que brinde "reglas claras" para los funcionarios públicos.
El diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo aseguró que las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto de ley de Extinción de Dominio no tienen connotaciones políticas sino técnicas.
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"No es un tema de debate político sino de perfil técnico. Está claro que la Argentina tiene que tener extinción de dominio y que no se puede esperar 14 años a que termine un juicio. Hay que resolverlo seriamente y tener una buena ley", manifestó Arroyo.
"Confío en que de Diputados pueda salir una buena ley, que sea clara, amplia, sin visos de inconstitucionalidad y que castigue a quien ha sido corrupto", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio FM Concepto.
"Hay una demanda de la sociedad de transparencia, de no corrupción, y la ley de Extinción de Dominio tiene que ir por ese lado. Hay que actuar seriamente, creo que la Cámara de Diputados va a termina haciendo una ley clara", indicó Arroyo.
"Una ley que no tenga visos de inconstitucionalidad, que vaya al hueso para quitarles los bienes a quienes han sido corruptos, que esos bienes vuelvan al Estado y que quien va a ser funcionario en el futuro tenga claro cuáles son las reglas", agregó.
La extinción de dominio es una figura jurídica que viene siendo reclamada con insistencia por el Gobierno nacional porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas. Sin embargo, el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, ya aclaró que la sanción de esta medida no serviría en la causa de los "Cuadernos".
La iniciativa, que girada a la Cámara baja, prevé el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, pero permite la extinción anticipada en casos como la flagrancia o la fuga. Cambiemos pretendía que la extinción se haga solo con la "mera sospecha" de la Justicia, se quejaron los peronistas.
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