El Juzgado a cargo de Macarena Marra Giménez incorporó argumentos del ente nacional en contra del proceso licitatorio de las AM1110, FM 92.7 y el Canal de la Ciudad. Aún no resolvió si otorga cautelar pedida por los trabajadores. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene el proceso.
El gobierno porteño propone ceder por cinco años la operación de los tres medios públicos a manos de privados.
El Juzgado Federal Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez incorporó este viernes a la causa por la licitación de los medios públicos de CABA el documento elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que exhorta al Gobierno porteño a frenar la concesión, a riesgo de sufrir sanciones. Los trabajadores, mientras tanto, volvieron a reclamar que la jueza se expida en favor de la cautelar presentada semanas atrás.
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En el escrito, los apoderados del organismos afirman que el procedimiento iniciado a mitad de marzo y que busca ceder las radios AM 1110 (La Once Diez), FM 92.7 (La 2x4) y el Canal de la Ciudad por cinco años a privados a cambio de un canon de $718.965.000, se encuentra "en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias, tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor".
El interventor del organismo, Juan Luis Ozores, recordó también que la semana pasada hizo saber a Macri la convocatoria "colisionaba, presuntivamente, con la legislación vigente" e informó que se le advirtió que en caso de persistir con el proceso "se daría inicio a las respectivas actuaciones sumariales", entre las cuales se encuentra la aplicación de la sanción de caducidad con respecto a las autorizaciones de operación de las frecuencias.
En el texto que se encuentra en poder judicial y al que tuvo acceso Ámbito, el ENACOM señala que la prohibición de la delegación "no resulta dogmática, ni, mucho menos, caprichosa" sino que se encuadra dentro de la lógica del sistema de medios audiovisuales "encontrándose en directa relación con la concreción de los objetivos y finalidades de la Ley N.° 26.522", más conocida como ley de Medios.
El análisis de caso -dice el ENACOM- permite inferir "que el objeto del concurso promovido en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra en colisión con expresas previsiones legales y reglamentarias, tendientes a precaver sobre la delegación de la explotación de los medios de comunicación autorizados en su favor".
Asimismo, el ente puso también el foco en otro aspecto que analiza la causa y que tiene que ver con el interés público de los medios de comunicación que se encuentra en manos del Estado al señalar que "la delegación de la explotación" en manos privadas "produciría un desequilibrio en el esquema comunicacional, resintiéndose el interés público", afectándose derechos y garantías de los ciudadanos porteños, entre ellos del acceso a la información, al conocimiento, a la expresión y al desarrollo cultural, educativo y social de la población.
En la nota enviada al Gobierno porteño a principio de abril, el ENACOM alertó que la licitación va en contramano del marco regulatorio que rige a nivel nacional, entre ellos la propia Ley 26.522 y el decreto 1225/2010. Ocurre que las frecuencias son otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene la potestad sobre el espectro radioeléctrico y que define su discreción en base a la ley.
Por caso la AM1110, la más antigua del país, anteriormente operaba bajo el dial 710. Pero en 1997, luego de meses de disputa con la administración porteña, Presidencia privatizó la 710 y, a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), otorgó la nueva frecuencia al Estado de CABA. Ejemplo que se menciona por estas horas para el caso.
Luego de que tomara estado publico la resolución del organismo nacional, los empleados de las dos radios y la TV pública local le pidieron al jefe de Gobierno que dé marcha atrás con la licitación y reclamaron a la jueza Marra Giménez por el otorgamiento del amparo en el marco del expediente.
En el documento enviado por ENACOM a la administración porteña pusieron foco en el artículo 44 de la denominada ley de Medios, que establece el principio de "indelegabilidad" de los servicios de comunicación al remarcar que su explotación, adjudicada mediante licencia o autorización "será realizada por su titular" y que su delegación "configura falta grave".
De acuerdo al ente autárquico, la indelegabilidad apunta a que el mantenimiento y la explotación de la titularidad se haga de forma "efectiva" por quienes accedieron a la misma cumpliendo con los criterios y la evaluación realizados por la Autoridad de aplicación.
"Por todo esto los trabajadores de los medios públicos le pedimos al juzgado que acceda a dictar la medida cautelar pedida incluso antes de la apertura de sobres prevista para el 12/5 a las 11 hs", manifestaron los empleados y exhortaron a Macri aplicar su lema de “legalidad y orden” en el proceso y que "dé marcha atrás con una medida que ya fue considerada como un 'hecho antijurídico' por el organismo nacional que regula los medios de comunicación".
Los trabajadores anticiparon que el martes próximo acudirán a Uspallata para manifestar su rechazo al proceso. También se movilizarán en la marcha en defensa de las universidades para reunir firmas “contra la privatización de los medios públicos”.
“Como desde el primer día, los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos le exigimos al jefe de gobierno, Jorge Macri, que cumpla la ley y frene la concesión por ser ilegal e inconstitucional”, cerraron.
En paralelo, la legisladora porteña del peronismo Graciana Peñafort se refirió a la contestación del ENACOM el marco de la medida cautelar e invitó a Macri a leerlo y dar marcha atrás con la licitación. "Deberías leerlo, tanto vos como tus funcionarios", dijo para no incurrir en una violación del art 248 del Código Penal "que expresamente establece sanción de prisión e inhabilitación" a aquel "funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere."
Mientras tanto, en el Gobierno de la Ciudad continúan adelante con el proceso hasta tanto la Justicia se expida en el marco de la causa. La apertura de los sobres está prevista para el 12 de mayo, aunque de momento es una incógnita cuál será el impacto que tendrá en los posibles concesionarios la advertencia expedida por el ENACOM.
El Gobierno porteño asegura que el proceso apunta a garantizar "una gestión profesional, moderna y eficiente" de la tríada de medios públicos. Y que no se pondrá en riesgo "su función social y cultural". En los pliegos, los oferentes deberán demostrar "antecedentes en el sector de medios de comunicación" y presentar "planes de inversión detallados" que garanticen "la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión".
En la tríada de medios públicos se desempeñan alrededor de 500 personas, quienes acudieron a la Justicia para proteger no solo las fuentes laborales sino también la continuidad de los medios por su carácter de bien público. Los pliegos no ordenan a una eventual adjudicataria a sostener la operación con los mismos trabajadores.