CABA prorrogó la fecha de licitación de los medios públicos y el peronismo impulsa proyecto para frenar la concesión

La apertura, prevista para el 20 de abril, se pospuso para mediados de mayo a pedido de las empresas interesadas que reclaman tiempo para presentar los planes de inversión. Gremios y el PJ trabajan para impedir la adjudicación. Incertidumbre entre los trabajadores.

La Once Diez, una de las radios que podría pasar a manos privadas, cumplirá cien años en 2027.

El Gobierno porteño extendió hasta mediados de mayo el plazo para que los privados presenten las ofertas para hacerse cargo, concesión mediante, de la operación de las radios y del Canal de la Ciudad, en el marco de la licitación impulsada por Jorge Macri. El peronismo insiste en que se trata de una iniciativa que va en contra de la Constitución porteña y presentó un proyecto para crear un sistema de medios públicos e impedir la adjudicación. La oposición advierte sobre la legalidad del proceso.

La apertura de los sobres, dispuesta originalmente para el 20 de abril a las 11hs, se pospuso por tres semanas, hasta el 12 de mayo a la misma hora, para permitir el ingreso de una mayor cantidad de oferentes al proceso, según indica la disposición publicada el martes en el Boletín Oficial de CABA con la firma de Agustín González Calderón, director general de Concesiones y Permisos.

Para participar, los oferentes deberán presentar antecedentes en el sector de medios. También tendrán que presentar "planes de inversión detallados" y contar con el herramental necesario para hacerse cargo de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales, lo que incluye "equipamiento, estudios y personal necesario para la operación". También de la gestión "de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros)".

Jorge Macri busca "desprenderse" de los medios públicos mediante concesión.

CABA

El pedido de las empresas a CABA

El argumento esgrimido por el área encargada de las licitaciones públicas para ampliar el período se basa en la recepción de "diversas solicitudes de prórroga" de parte de las "empresas interesadas" debido a "la complejidad y volumen de la documentación requerida para la adecuada preparación de las ofertas".

En la disposición, el gobierno porteño -en voz de Calderón- esgrime que la ampliación del plazo permitiría una mayor participación de oferentes en el procedimiento, aspecto que "favorece la comparación de más ofertas" y que se traduciría "necesariamente en la selección de la oferta más conveniente al interés público, beneficiando de esta manera a la administración pública, con una más amplia participación".

Entre otros motivos, en Uspallata también señalan que la prórroga aspira a que el proceso sea una garantía de libre competencia para quienes se presenten, promoviendo la "pluralidad de oferentes potenciales". Además, aseguran que también apunta a "preservar el interés público".

El pliego que vio la luz a mitad de marzo contempla el traspaso a manos privadas del gerenciamiento de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4) y del Canal de la Ciudad, la TV pública local. La concesión se haría por un plazo de cinco años. A cambio, el Estado porteño recibiría $10.753.750 por mes por la señal de televisión y $1.229.000 por las dos frecuencias.

Una vez finalizados los 60 meses, las arcas locales se habrían hecho de un total de $718.965.000, una cifra menor para el volumen de ingresos que maneja el Presupuesto porteño. Pero para el alcalde, el objetivo es claro: pasar los medios públicos a manos privadas significa "dejar de financiar su operación con impuestos", en un contexto en que La Libertad Avanza presiona por más recortes impositivos y por la eliminación, lisa y llana, de la pauta oficial.

Incertidumbre por el futuro de los trabajadores

Pero en la triada de medios públicos porteños hay más que una discusión por el gasto público. Allí trabajan aproximadamente unas 500 personas, entre administrativos, técnicos, operadores, productores y periodistas, cuyo futuro laboral pende de un hilo. El pliego no ordena a la empresa ganadora a operar con el personal que actualmente presta servicio en las radios y canales.

Por el contrario, especifica que el concesionario deberá "satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, accidentes y demás pagos originados por la concesión". También señala que "los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales, así como cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual" estarán a cargo del concesionario, "quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos". Y, por si quedaran dudas, aclara que el personal de la concesión "carecerá de relación alguna con el GCABA".

En los pasillos de las radios y del Canal, la incertidumbre y la preocupación por los puestos de trabajo es concreta y se multiplica con el correr de los días. El gremio de empleados públicos porteños SUTECBA reclamó a CABA que garantice la continuidad laboral de todo el personal de las radios y el canal.

Asimismo, advirtió que la concesión podría vulnerar el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad que establece la existencia de medios de comunicación estatales e indica que es el Poder Ejecutivo quien "gestiona los servicios de radiodifusión y teledistribución estatales". Según supo Ámbito, los trabajadores, a través de representantes legales, ya presentaron una acción judicial para frenar el proceso.

La semana pasada, trabajadores, legisladores porteños y representantes del sindicalismo expresaron su repudio a la iniciativa oficial en una conferencia de prensa frente a la Legislatura de la que participaron las legisladoras del PJ, Claudia Neira y Graciana Peñafort, y del Frente de Izquierda, Andrea D’Atri y Vanina Biasi, como así también la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Ana Arias, y el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi.

El peronismo denuncia inconstitucionalidad y busca impedir la concesión

Para sostener la continuidad de los medios en manos del Estado, el bloque porteño peronista, Fuerza Buenos Aires, presentó un proyecto en la Legislatura para crear el Sistema Público de Medios de la Ciudad (SPMC), el cual estaría integrado por los servicios de comunicación audiovisual estatales de la CABA y será administrado y explotado por un ente autárquico, con independencia y descentralizado del GCBA.

La iniciativa del peronismo propone la conformación de un Consejo de Administración que contaría con representación del Poder Ejecutivo, de la Legislatura -según mayorías y minorías parlamentarias- y de los trabajadores de los medios públicos "sin crear ni un solo impuesto nuevo". La propuesta propone un "autofinanciamiento" mediante ingresos por publicidad, venta de contenidos audiovisuales y redistribución de los Ingresos Brutos que actualmente pagan las plataformas de streaming.

"La concesión de los medios públicos es ilegal e inconstitucional", resumió Claudia Neira, presidenta de la bancada del PJ, en diálogo con Ámbito. Consideró además que la prórroga refleja las dudas que hay en el sector privado respecto a la validez del proceso, algo que, según señala, también resuena en la administración macrista: "Creo que el Gobierno está empezando a tomar nota de que las empresas no se quieren arriesgar y no quieren prestarse a este tipo de maniobras que van a terminar siendo judicializadas".

"Desde nuestro bloque vamos a seguir discutiendo desde todos los ámbitos esta medida de Jorge Macri, que debería hacer lo que hicimos nosotros, que es enviar a la Legislatura una ley con su modelo de medios públicos, conforme a la Constitución de la Ciudad", sentenció la jefa de bloque.

Desde el peronismo no dudan en denunciar que se trata de un "plan de privatización" y una forma de ver la comunicación "como un negocio de unos pocos" en vez de como un derecho de los vecinos y las vecinas, según disparó la legisladora Graciana Peñafort. Lo calificó también como "una mala decisión política" ya que "es inconstitucional" dado que, según dijo, viola el artículo 47 de la Constitución y el Art. 44 de la Ley 26.522, que "prohíbe taxativamente delegar la explotación de estos medios a privados".

Se trata de una posición que, sorpresivamente, coincide con la postura de La Libertad Avanza, bloque que no incorporó la privatización de los medios en la Ley Bases porteña que impulsa Pilar Ramírez al considerar que va en contra del espíritu normativo de la Carta Magna local. Si bien están a favor de desprenderse de las radios y el Canal, no están de acuerdo con el camino elegido por Macri de la concesión ya que consideran que el pliego "está flojo de papeles" por ir en contra de la ley de Concesiones, algo que es comentado incluso al interior del Gobierno porteño.

El proyecto del PJ deberá transitar su camino a través de las comisiones, entre ellas, la de Comunicación Social, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Comunicación, constituida semanas atrás y cuya presidencia quedó en manos de Patricia Glize, de Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica), por lo que no tendrá una salida fácil.

En la cámara, el peronismo cuenta con 20 bancas y necesitaría sellar acuerdos con la oposición dialoguista, entre ellos Ciudadanos Unidos-UCR y Confianza y Desarrollo, y con el FIT, con quienes llegaría a unos 33 votos, por encima del número mágico. Tanto el PJ como los bloques del radicalismo, el larretismo e incluso los libertarios cuestionan el proceso licitatorio e insisten en que la adjudicación de los medios a privados por vía de la concesión saltea una instancia de legalidad como lo es la Legislatura. Así las cosas, el destino de la medida de Macri podría definirse en terreno judicial o legislativo.