Mientras el mileísmo promete el fin de las PASO, Patricia Bullrich anticipa el tratamiento del proyecto por discapacidad

La iniciativa de fortalecimiento del sistema de discapacidad se trataría el 19 de noviembre en el Senado y tendrá una aprobación holgada.

Alicia Kirchner, Juan Cruz Godoy y Patricia Bullrich, en el plenario que dictaminó la ley de discapacidad.

Senado

El Congreso se reactivó tras la ida del papa León XIV y ya planteó sus prioridades antes del fin de las sesiones ordinarias. A primera hora del día, Martín Menem -titular de Diputados- aseguró que lo primordial es la reforma electoral, que se trata en el Senado. Aunque las especulaciones desde las provincias no están definidas, la afirmación toca a la principal negociadora libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, que se expresó públicamente sobre otra propuesta para fondos de discapacidad.

Tal como lo anticipó Ámbito, la intención es llevar el proyecto a sesión el próximo 19 de noviembre, en donde se aguarda por una aprobación holgada: en Diputados, la iniciativa tuvo 237 votos a favor, 9 rechazos y 4 abstenciones. El peronismo, uno de los impulsores de la propuesta, adelantó que acompañaría la ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad.

Conociendo ese escenario y que los votos para la reforma electoral aún no están cerrados, Patricia Bullrich puso sobre la mesa el proyecto que sí tiene la seguridad de aprobar. "Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", escribió en sus redes sociales.

Proyecto de discapacidad

La iniciativa por discapacidad elimina la figura de emergencia y propone:

• Nuevos requisitos para acceder a las pensiones: se exige contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar identidad, edad y nacionalidad, y cumplir condiciones de ingresos y evaluación socioeconómica. Para las personas extranjeras, se establece una residencia legal mínima y continua de cinco años.
• Límite de ingresos individuales: El solicitante no debe percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). La pensión es compatible con el empleo formal, siempre que no pase esta suma.
• Rehabilitación de la pensión suspendida: Cuando finalice el vínculo laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.
• Monto de la prestación: el proyecto establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.
• Auditorías y controles periódicos: La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá verificar que los beneficiarios mantengan los requisitos para cobrar las pensiones. Si los cruces de datos detectan que una persona podría haber dejado de cumplir los requisitos, deberá recibir una notificación y contar con un plazo para presentar su descargo. Luego podrá disponerse la suspensión preventiva.
• Garantía de cobertura de salud: Los titulares de las pensiones comprendidas en la iniciativa tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901.
• Financiamiento y continuidad de las prestaciones: se dispone que el Presupuesto garantice recursos suficientes para sostener el sistema y establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También habilita readecuaciones presupuestarias para asegurar la continuidad de los beneficios.
• Pago de compensaciones pendientes a prestadores: si todavía quedan compensaciones pendientes previstas, el Poder Ejecutivo deberá publicar y notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la nueva norma. El texto establece que los pagos se completen dentro de los 90 días corridos para quienes hayan terminado el trámite administrativo correspondiente. También se dispone la capacitación obligatoria para prestadores.