Un paso más para la ley de discapacidad: el Senado lo llevará a sesión este mes

El proyecto aprobado casi por unanimidad en Diputados alcanzó dictamen en un plenario de la Cámara alta. Podría tratarse el 19 de noviembre.

La tensión por los fondos para discapacidad inició en 2024.

A partir de los apoyos de libertarios, aliados y peronistas, avanzó en el Senado el proyecto de fondos para discapacidad que busca reemplazar la actual ley 27.793, de emergencia nacional, que vence el 31 de diciembre de este año. El debate legislativo ocurre en medio de las medidas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que dejó sin efecto pensiones por invalidez que se habían restituido por orden judicial.

El dictamen tuvo un respaldo mayoritario en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Población, lo que replicaría lo ocurrido en la sesión que aprobó el proyecto en Diputados, con 237 votos a favor, 9 rechazos y 4 abstenciones. Según pudo conocer este medio, la intención oficialista es elevar la propuesta para su votación el 19 de noviembre, en una sesión en la que también podría incluirse la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El principal rechazo se expresó en la representante del oficialismo cordobés, Alejandra Vigo, en consonancia con el bloque en Diputados (que fue casi el único bloque que votó en contra). La senadora achacó que la actual redacción asume una compensación del 28% y que "el nomenclador único está 43% abajo que en el 2017"; pidió establecer una vigencia temporal de la norma; instó a remover la definición de "ingresos netos" porque "hace incompatible la pensión con otras prestaciones, como puede ser la AUH", y aseguró que "no se contempla que las provincias están llevando adelante a sus espaldas el financiamiento".

El límite de ingresos para percibir la prestación son dos salarios mínimos vital y móvil, que para noviembre del 2026 son $797.600, y el monto representa el 70% de una jubilación mínima, que alcanzan los $310.910. El costo fiscal del proyecto de ley se estima en $598.912 millones (0,04% del PBI) para el año 2027 y asciende a más de $1,2 billones (0,07% del PBI) para 2028, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aún queda vigente si se elimina del proyecto del Presupuesto 2027 los artículos que van del 36° al 41°, que contradicen a varios de los planteos de esta ley y golpean a los fondos que recibiría este colectivo.

Kirchner, Godoy y Bullrich durante el plenario.

Senado

Proyecto de discapacidad

La iniciativa por discapacidad elimina la figura de emergencia y propone:

• Nuevos requisitos para acceder a las pensiones: se exige contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar identidad, edad y nacionalidad, y cumplir condiciones de ingresos y evaluación socioeconómica. Para las personas extranjeras, se establece una residencia legal mínima y continua de cinco años.
• Límite de ingresos individuales: El solicitante no debe percibir ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). La pensión es compatible con el empleo formal, siempre que no pase esta suma.
• Rehabilitación de la pensión suspendida: Cuando finalice el vínculo laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio.
• Monto de la prestación: el proyecto establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.
• Auditorías y controles periódicos: La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá verificar que los beneficiarios mantengan los requisitos para cobrar las pensiones. Si los cruces de datos detectan que una persona podría haber dejado de cumplir los requisitos, deberá recibir una notificación y contar con un plazo para presentar su descargo. Luego podrá disponerse la suspensión preventiva.
• Garantía de cobertura de salud: Los titulares de las pensiones comprendidas en la iniciativa tendrán derecho a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas por la Ley 24.901.
• Financiamiento y continuidad de las prestaciones: se dispone que el Presupuesto garantice recursos suficientes para sostener el sistema y establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También habilita readecuaciones presupuestarias para asegurar la continuidad de los beneficios.
• Pago de compensaciones pendientes a prestadores: si todavía quedan compensaciones pendientes previstas, el Poder Ejecutivo deberá publicar y notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la nueva norma. El texto establece que los pagos se completen dentro de los 90 días corridos para quienes hayan terminado el trámite administrativo correspondiente. También se dispone la capacitación obligatoria para prestadores.

Proyecto completo de discapacidad