Escándalo por abuso de fondos públicos envuelve al senador de JxC Costa

En 2019, su empresa El Tehuelche se acogió al Procedimiento preventivo de crisis en el final del gobierno de Mauricio Macri. Pese al acuerdo, en 2020 despidió empleados. Ahora el Ministerio de Trabajo tiene la potestad para denunciar a la sociedad por el uso fraudulento del beneficio fiscal.

El senador Eduardo Costa, es uno de los accionistas de Tehuelche S.A.

Un programa de ayuda otorgado en el final del gobierno de Mauricio Macri a la empresa El Tehuelche del senador por Santa Cruz de Juntos por el Cambio, Eduardo Costa, adquiere ahora ribetes escandalosos ya que además del incumplimiento de las condiciones, hay una utilización fraudulenta de los beneficios fiscales.

Costa, junto a su ahora la diputada Mariana Zuvic, son los accionistas de El Tehuelche S.A., sociedad contralante de Hipertehuelche, una cadena de mercados destinados a la construcción y la decoración para el hogar.

El 29 de agosto de 2019, apenas 15 días después de las PASO en las que Alberto Fernández ganó por amplio margen, el Ministerio de Trabajo le otorga a la sociedad un Procedimiento preventivo de crisis (PPCE), en el cual el beneficio es exonerar el 90% de las contribuciones patronales, hasta un tope de 40 millones de pesos. Como contrapartida, el compromiso de la empresa era no despedir a nadie de la nómina de personal.

Sin embargo, el 4 de septiembre de 2020 la empresa de Costa, quien ahora se encuentra internado por coronavirus, despidió a los empleados. A partir de los despidos, el Ministerio de Trabajo inicia una acción de oficia y el 25 de septiembre de 2020, constata el incumplimiento de la sociedad. Luego, el 15 de octubre de 2020, resuelve que Tehuelche incurrió en la utilización fraudulenta de beneficios fiscales.

Luego sobrevendría un sainete judicial, con idas y vueltas. El 10 de diciembre de 2020, la empresa apeló la resolución ante el juzgado federal de Río Gallegos. Posteriormente, el 29 de marzo de 2021, Tehuelche S.A. desistió del recurso, y el juzgado federal dio por desistida la presentación.

Ahora, ante esta situación, le correspondería al Ministerio de Trabajo denunciar penalmente a la empresa y a sus directores por incumplimiento del inciso c) del Artículo 2 de la Ley 27430, por la utilización fraudulenta de beneficios fiscales.