"Necesitamos jueces que tengan valentía y que nadie los pueda comprar"

Política

La Presidente Cristina de Kirchner volvió a apuntar sus críticas a la Justicia, en momentos en que a nivel local el Gobierno enfrenta embates judiciales que frenan algunas de las disposiciones ministeriales y leyes kirchneristas, y en el plano internacional mantiene retenida la Fragata Libertad en Ghana por una demanda de un fondo buitre.

Durante un acto en Casa de Gobierno, la mandataria aseguró que "necesitamos jueces que tengan valentía y que nadie los pueda comprar", al referirse a un fallo condenatorio de una jueza australiana contra Standard & Poor's. La calificadora "había asesorado para invertir en un derivado financiero del banco ABN Amro que defraudó a 13 municipios", explicó al brindar detalles del fallo. S&P había otorgado a la entidad bancaria la calificación "AAA", lo que significa seguridad absoluta".

"Estos son los que nos califican como país riesgoso", dijo Cristina, a lo que agregó que "en realidad se trata de una formidable artimaña montada para esquilmar a la sociedad".

Las palabras de la mandataria no fueron aleatorias. El Gobierno sostiene desde hace un tiempo una continua embestida verbal contra las calificadoras de riesgo. Cristina de Kirchner se encarga de trazar los lineamientos de sus embates en los foros internacionales, que luego retoman sus funcionarios, como lo hicieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Ponto, el pasado fin de semana durante la reunión de autoridades económicas del G20 en México.

No obstante, sus palabras no estuvieron sólo dirigidas a las calificadoras. Por el contrario, el principal aludido de los dichos de la mandataria fue el Poder Judicial, el cual por estos días trae más de un dolor de cabeza en la Casa Rosada. Sucede que los fallos en contra ya no se limitan al ámbito nacional, sino que el Gobierno debe lidiar con embargos dispuestos por la justicia estadounidense y la ghanesa, en causas que involucran a acreedores que no ingresaron al canje de deuda.

La Fragata Libertad cumplió el viernes un mes retenida en Ghana por una demanda de un fondo "buitre", su futuro es una incógnita y la Cancillería mantiene una intensa actividad diplomática en busca de aliados para conseguir el retorno del buque insignia de la Armada.

La Justicia ghanesa aceptó la demanda de embargo interpuesta por el fondo de inversión NML, que reclama a Argentina el pago de una deuda de 284 millones de dólares más intereses por bonos soberanos que entraron en mora al final de 2001, en medio de la crisis económica.

La Argentina, que ya acudió a Naciones Unidas, está dispuesta recurrir a todas las instancias internacionales posibles para recuperar el buque escuela y evitar que una corbeta anclada en Suráfrica por un problema técnico corra la misma suerte que la fragata. 

En la línea de los fondos buitre, el pasado 26 de octubre una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó un fallo del mes de febrero dictado por el Juez Thomas Griesa en donde dijo que los acreedores que se negaron a participar de los canjes, con tenencias por 1.400 millones de dólares, merecen un trato igualitario en el repago de la deuda respecto a los que aceptaron la reestructuración de bonos en 2005 y 2010.

Griesa, en aquella oportunidad falló a favor del fondo NML, de Elliot Management y Aurelius Capital Management (fondos buitres). Estableció que Argentina debe pagar a estos fondos cada vez que abone intereses de la deuda que emitió. En la demanda los bonistas se valieron de la cláusula de "pari passu" que obliga al país a tratar igualitariamente a todos sus tenedores de deuda.

A nivel local, el accionar de la Justicia tampoco parece llevar un poco de tranquilidad en la Casa de Gobierno. La 'madre de todas las batallas" judiciales por estos días se da en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar jueces.

El 16 de octubre el Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco integrantes del Consejo de la Magistratura, alineados con el radicalismo, y jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal a los que acusa de obstaculizar la votación para cubrir el Juzgado que tramita la causa de la Ley de Medios.

La denuncia es contra los consejeros Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, ambos legisladores de la UCR; los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky y el juez Recondo, por los delitos de "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Concretamente, se pide que la Justicia impulse una investigación sobre la conducta de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura que, según señala el documento, "obstaculizaron" la votación de una lista de aspirantes a ocupar en forma definitiva cinco juzgados del fuero civil y comercial.

Pero la denuncia también es extensiva hacia los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal que subrogaron el Juzgado 1, que tiene la causa iniciada por la demanda del Grupo Clarín contra el artículo 161 (desinversión).

Uno de ellos es el juez subrogante Raúl Tettamanti (quien se había jubilado pero fue convocado ante la falta de magistrados), y quien fuera designado en forma irregular -según los denunciantes- porque se hizo un sorteo manual y no electrónico, y sólo entre dos magistrados.

Sin embargo, también la denuncia apunta contra las autoridades de la Cámara Civil y Comercial, entre ellos Recondo y el juez Martín Farrel, a raíz de que son quienes disponen el régimen de subrogancias.

En ese marco, el Gobierno también denunció al camarista Francisco de las Carreras por la presunta "recepción de dádivas", en el marco de la disputa por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales.

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, realizó una presentación ante la Procuración General de la Nación solicitando que se investigue al magistrado de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a quien el Gobierno ya había recusado para evitar que intervenga en el tratamiento de la Ley de Medios.

Según sostiene el Gobierno, en mayo de este año el magistrado viajó a Miami y se alojó en un hotel cinco estrellas con todos los gastos pagos por la organización internacional CERTAL, a la que vincula con el Grupo Clarín.

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