La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento se negó a dictar una medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos de la ANSES.
La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento se negó a dictar una medida cautelar solicitada por la abogada Valeria Laura Carreras para suspender el traspaso de las bases de datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
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Se trata de uno de los dos planteos contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que la letrada especialista en protección de datos personales tramitó ante la Justicia. El segundo recibió curso en el fuero Criminal y Correccional del fiscal Federico Delgado y quedó en manos del juez Sebastián Casanello.
En cambio, en el fuero contencioso la magistrada rechazó el pedido y trascendió que en las próximas resolvería la cuestión de fondo en una decisión definitiva, muy presumiblemente favorable al Gobierno.
En su reciente sentencia, Sarmiento alegó que la entrega de las bases de datos vulnera la privacidad de información "sensible" de los ciudadanos. Para la jueza "no se ha acreditado -de modo concreto- la irreparabilidad del daño que invoca la actora y que tornaría indispensable otorgar la inmediata tutela jurisdiccional sin esperar a la sentencia definitiva".
Ahora, resta que la magistrado defina si avala o no que la información de millones de trabajadores, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales pase a la órbita del Poder Ejecutivo con el objetivo de "mejorar la comunicación con los ciudadanos", como prometió Peña.
"Cuando la medida cautelar ha sido solicitada en una acción de amparo, que se caracteriza por sus plazos abreviados y la celeridad en el trámite al constituir una vía urgente y expedita, por principio, no corresponde adentrarse en una decisión que importaría adelantar aquello que ha ser - a la brevedad- materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva", señaló el fallo de Sarmiento.
A la par, Delgado promovió una investigación contra el jefe de ministros y pidió a Casanello que ordene evaluar "la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses (y todos sus anexos)". En ese marco, el fiscal solicitó que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro. Además, sugirió convocar a "dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional" para realizar la tarea.
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