«Si no hay cambios en el proyecto, puede sobrevenir una catarata de juicios como en la década del '90 que, en materia previsional, le costó al Estado entre $ 15 y $ 20 mil millones», trató de conmoverlos Duhalde. Ya estaba al tanto de que el grueso del bloque conducido por
Lo que pocos se atreven a explicar es que la derogación -o sea la sanción de la ley, tal cual vino del Ejecutivo (una paradoja) y de Diputados- podría
En ese sentido, el máximo tribunal dejó sentado en el caso Tobar que, tras la devaluación, resulta arbitraria una rebaja de haberes.
Por otro lado, se desataría una guerra contra los jueces, los cuales, al verse afectados, fallarían en contra de los intereses del Ejecutivo. De hecho, a pocas horas de la media sanción de Diputados, varios camaristas se pronunciaron negativamente sobre la pesificación y pusieron en jaque a Economía, todavía con el juicio político a la Corte en trámite.
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