Apartir del 25 de mayo, cuando el voto popular nos imponga, previsiblemente, la responsabilidad de volver a presidir los destinos del país, el más urgente y difícil de los problemas que heredaremos será la crisis social. El deterioro, tan inexplicable como vertiginoso, ocurrido desde el 10 de diciembre de 1999, ha postrado a la República y llevado a que la cuarta parte de la población viva en la indigencia. Es necesario tener en cuenta, además, que ese 25% de argentinos indigentes tiene un componente mayoritario de los grupos más vulnerables, como son los niños, las embarazadas y los ancianos.
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El hambre y la falta de toda cobertura sanitaria, que muy pocos años atrás visualizábamos como el drama de los países más sumergidos de Africa y América Central, hoy golpean cruelmente a millones de argentinos. Y cuando se trata de niños, como se sabe, esas privaciones lastiman irreparablemente su posterior desarrollo psicofísico. Se trata de una situación que sólo admite una respuesta, impostergable y perentoria, que es garantizar alimentación y atención sanitaria adecuadas a 8 millones de compatriotas que carecen de ellas. Simultáneamente, nos aplicaremos, por supuesto, a recrear actividad económica generadora de empleo genuino, dentro de la cual el salario pueda sustituir la asistencia del Estado. Quienes integrarán nuestros equipos de gobierno están trabajando aceleradamente en planificar, organizar y procurar financiamiento a ese Plan Nacional de Emergencia Alimentaria y Sanitaria con el que vamos a atender las consecuencias más urgentes de la crisis social. Se trata de una iniciativa pensada como transitoria y de emergencia, en tanto se ponen en marcha políticas de crecimiento que permitan reconstituir el empleo, los ingresos familiares y las estructuras permanentes de contención social del Estado.
La mejor demostración del éxito de la futura política económica será la rapidez con que esta respuesta a la emergencia social se advierta como progresivamente innecesaria. Ese plan está preparado para su puesta en ejecución desde el primer día del mandato del próximo gobierno. Está, además, preparado para estar en condiciones de alcanzar a toda la población fijada como meta en un plazo de sólo pocas semanas. Y, naturalmente, es preciso que pueda garantizar cantidad suficiente y flujo ininterrumpido, tanto de raciones de alimento como de atención sanitaria, así como cobertura de la totalidad del territorio nacional.
Todo esto plantea desafíos organizativos, económico-financieros, logísticos, jurídicos y políticos de considerable complejidad. Desafíos cuya dificultad se acentúa por la situación en que se recibirá el gobierno, la cual impondrá la adopción de medidas de sinceramiento económico insoslayables.
Se heredará, en efecto, y sin beneficio de inventario, un cuadro de inflación reprimida, atraso de tarifas, demora en la inversión pública y deudas del Estado largamente debidas. La consecuencia de todo esto es adicional estrechez presupuestaria y dificultad para aumentar el gasto social. Como ocurre con frecuencia en el marco de una crisis, esto obligará a decisiones de emergencia quizá contradictorias, aunque sólo de modo circunstancial y transitorio, con la orientación estratégica establecida. Así, por ejemplo, aunque no pensamos oportuno aumentar el endeudamiento del sector público, deberemos gestionar con urgencia fondos externos para el Plan de Emergencia social.
Y, en otro orden, aunque creemos que el asistencialismo del Estado no es el camino para el desarrollo social sostenido, llevaremos a cabo un enérgico programa transitorio de asistencia. En la misma línea de ideas, asignaremos la responsabilidad del Plan Nacional de Emergencia Alimentaria y Sanitaria a una agencia del Estado ad hoc, distinta de la estructura administrativa convencional, aun cuando estemos resueltos a imponer una sustancial reducción en el tamaño y complejidad actual de la administración central.
El plan tiene, al igual que la demanda social a ser atendida, carácter transitorio y de emergencia. En función de esto, es preciso que cuente con instrumentos que permitan ejecutividad y respuesta inmediata. Consideramos necesaria, por eso, aquella estructura ad hoc, que deberá tener las características siguientes: · índole transitoria, estructura por fuera de los organismos estatales preexistentes y dependencia directa del presidente de la Nación · Aptitud para coordinar acciones con otras agencias del Estado con capacidad potencial para aportar al proyecto (Fuerzas Armadas y de seguridad, redes provinciales de escuelas, Ministerio de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, etc.) · Capacidad para canalizar la vocación solidaria de la sociedad civil (voluntariado, credos religiosos, organizaciones no gubernamentales argentinas y del exterior, etc.) Competencia para gestionar el apoyo de distintas instituciones multilaterales como Banco Mundial, BID, FAO, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, Organización Mundial de la Salud, etcétera · Encuadramiento en un régimen legal, también de excepción y transitorio, que proporcione la necesaria ejecutividad en materia de convenios, contrataciones, adquisiciones y vinculación con los distintos niveles de la administración pública · Régimen de auditoría que garantice estricta transparencia y que, como contrapartida del apoyo externo que gestionaremos, deberá incorporar un componente internacional, el cual preveo analizar con Naciones Unidas. Existe una agencia del Estado que, con el complemento de una ley de emergencia, puede satisfacer los requisitos anteriores. Se trata de los Cascos Blancos, que creamos en 1994 y cuyas acciones, durante los cinco años siguientes, les ganaron prestigio local y externo, tanto como sólidas vinculaciones internacionales. Los Cascos Blancos poseen, además, una historia de fértil vinculación con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y gran número de ONG locales y extranjeras, así como probada aptitud para movilizar la vocación de servicio de la sociedad civil.
•Contenido
Aunque vaciados de sustancia y función por las administraciones de De la Rúa y de Duhalde, tienen todavía existencia formal, a la cual podría darse el contenido necesario.
Los Cascos Blancos nacieron como un proyecto de política exterior. Su éxito llevó a que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, los consagrara como un instrumento multilateral potencialmente equivalente, en el terreno humanitario, a lo que los Cascos Azules representan en el área de la seguridad internacional. No se me escapa la amarga paradoja de que una creación argentina nacida para dar asistencia solidaria a los desvalidos del mundo pueda llegar a ser empleada para proveer ayuda dentro de nuestro propio país. Reivindico, en todo caso, el éxito de su pasada experiencia que, a no dudarlo, podremos volver a repetir ante este nuevo desafío.
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