Nuevo presidente saldrá de un ballottage "a medida"

Nunca pensó Carlos Menem que la reelección de 1995 le saldría tan cara. No sólo por el odio que inoculó en Eduardo Duhalde, quien a partir de entonces se enfrentó al riojano a quien acusó de haberle robado el turno que le habían asignado vaya a saberse en qué acuerdo imaginario. También porque para conseguir otro mandato debió entregar una colección de dispositivos institucionales a Raúl Alfonsín entre los cuales está el ballottage. Es cierto que, como en tantos otros institutos de la Constitución del '94, Menem consiguió que el régimen de segunda vuelta fuera confeccionado «a medida».

Las tijeras las manejaron Eduardo Menem, Eduardo Bauzá y Carlos Corach, quienes negociaron la ecuación que rige actualmente con Alfonsín y Antonio Berhongaray, una tarde de domingo, en el departamento del empresario Gabriel Romero, sobre la avenida Alvear (el detalle favoreció la versión de que Romero sirvió también para materializar algunas prestaciones del gobierno al alfonsinismo una vez sellado el pacto de Olivos).

El senador Menem, Bauzá y Corach lograron esa tarde lo inimaginable: que la segunda vuelta en la Argentina se calcule sobre la base de un logaritmo, que intenta neutralizar lo que el sistema mismo tiene de proscriptivo.

Si bien se inauguró en Francia en 1852, durante el Segundo Imperio de Napoleón III, el ballottage encontró su verdadero rol a partir de 1958, cuando lo instauró la Constitución de la V República con una finalidad mal disimulada: evitar que el Partido Comunista Francés llegara al poder. Esta es la clave última del régimen de «ballottage»: producir una proscripción tolerable sobre la primera minoría en el juego de las fuerzas electorales. Por eso los teóricos dicen que se trata de una ingeniería «correctiva» o «preventiva», es decir, que pretende evitar algo más que producirlo. Este matiz discriminatorio de la segunda vuelta es el que inspira a algunos a calificar el método de poco democrático.

En la Argentina se lo estableció con la misma intención en 1973. Arturo Mor Roig, el ministro del Interior de Alejandro Agustín Lanusse -un radical de vieja tradición «gorila»-, diseñó un sistema electoral sobre la hipótesis de que el no peronismo es en la Argentina más numeroso que el peronismo.

Aquel trío de negociadores menemistas del departamento de Romero adhirieron a esa tesis y consiguieron reflejarla en el sistema que se instauraría en la nueva Constitución: para quedarse con la Presidencia no haría falta conseguir más de la mitad de los votos. Bastaría con 45% y, si no se alcanzara, pero se estuviera por encima de 40% con 10 puntos de diferencia con el segundo, también el triunfo se daría por definitivo.

• Exportación

Para sorpresa del lector, la Argentina exportó este engendro: el artículo 46 de la Ley Orgánica de Elecciones de Ecuador lo incorporó al pie de la letra (un día habría que inventariar las familiaridades argentinoecuatorianas, ya que por lo visto exceden la convertibilidad y la dolarización). En Nicaragua, en cambio, requiere 45% de los votos válidos para ganar en primera vuelta y Costa Rica solamente 40% de los votos válidos. En cambio hay nueve países latinoamericanos en los que se adoptó la fórmula clásica por la que se requiere mayoría absoluta (50% de los votos más uno). Son Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Europa, el ballottage fue adoptado por Bélgica en 1899 y por Holanda en 1917, pero en ambos casos se lo descartó casi de inmediato. Actual-mente el sistema rige en Francia, Portugal y Austria, en los tres casos con cláusula de mayoría absoluta.

No fueron números caprichosos los que Menem, Bauzá y Corach le arrebataron a Alfonsín y Berhongaray. En esa ecuación estaba la historia electoral reciente del PJ, que obtuvo en las elecciones legislativas un promedio nacional de 42% de los votos. Los peronistas lograron que el ballottage se activara sólo excepcionalmente, es decir, cuando por alguna razón el peronismo se ponía por debajo de su performance habitual. Nadie podía pensar en aquel momento que el odio de Duhalde crearía deliberadamente esa circunstancia, evitando las internas, llevando al partido a la abstención y provocando la multiplicación de ofertas peronistas con sellos artificiales.

Un cuadro de tal naturaleza obligaría a la segunda vuelta, de tal manera que el candidato que mejor expresa la identidad de ese movimiento -en la teoría de Duhalde es Menem-no ganara en el primer turno. Se descubre aquí una familiaridad más entre el presidente actual y Alfonsín: la propensión a buscar en los meandros institucionales lo que no consiguen en la política pura (un ejemplo típico de esta conducta es la invención de un tercer senador por la minoría en el caso del jefe radical). Entre los argumentos teóricos que respaldan al sistema de doble vuelta electoral el más frecuente es que favorecería la gobernabilidad. Es decir, obliga al electorado a formar un consenso en torno a una figura que gobierna después con mayor acatamiento por el especial respaldo popular que alcanzó en las urnas. Esta bandera es seductora en un país en el cual el próximo gobierno está obligado a tomar medidas delicadas y en muchos casos antipáticas.

Es un razonamiento lógico, pero no contempla algunas circunstancias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Bill Clinton ganó la presidencia en 1992 con una mayoría muy endeble, debido a la aparición de Ross Perot. Pero pudo gobernar sin demasiadas dificultades, aún sin el respaldo automático del Congreso. En cambio en San Pablo, donde Martha Suplicy ganó en la segunda vuelta contra Paulo Maluf (que había ganado la primera), el PT se vio amenazado enseguida por la debilidad de la coalición que lo había acompa-ñado en el ballottage. Se puede dar el caso, infrecuente si se examina la historia, de que en la segunda vuelta triunfe un candidato que había conseguido en la primera menos votos que el derrotado. En rigor, el sistema fue pensado para producir este desenlace, que excluye a quien sacó más votos en la primera vuelta. Los compromisos, negociaciones y alianzas a las que se ve obligado ese segundo candidato para ganar pueden minar la cohesión de su gobierno, con lo cual el argumento de la gobernabilidad es muy relativo.

Otra «virtud» del sistema de ballottage es que obliga a la síntesis, es decir, depura el sistema de partidos cuando éste se fragmenta en exceso a raíz de especulaciones electorales más que por la vocación por representar corrientes diversas de la opinión pública. Pero si hay un caso en el que no se da esta supuesta ventaja es el de la Argentina de ayer: para aprovechar la segunda vuelta, Duhalde deliberadamente dividió al PJ y dispersó su fuerza caprichosamente.

Claro, hay una distorsión en la raíz del juego: se trataba de perder (en la primera vuelta) y no de ganar. El ballottage induce a una cultura política más sofisticada, donde el votante no sólo piensa en lo que quiere votar sino en el efecto «estratégico» de su voto. Por ejemplo, el temor a que en segunda vuelta prevalezca la opción menos deseada, lo puede hacer votar en la primera por un candidato de triunfo más seguro aunque no sea el preferido (el denominado «voto útil»). Esto hace que el votante ilustrado se vuelva más perspicaz, maquiavélico si se quiere. Pero también produce frustración en el ciudadano que vota «a ciegas» inadvertido de estos dispositivos internos del sistema y que puede encontrarse con una segunda vuelta con desenlace sorprendente.