Nuevo revés para el Gobierno: la Justicia avaló al municipio de Escobar y frenó el recorte de tasas

La Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional una resolución impulsada por el Ministerio de Economía que restringía la potestad de los municipios para definir el alcance de sus tributos.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.

La Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Economía que limitaba el cobro de tasas municipales, en una sentencia que representa un duro traspié judicial para el Gobierno nacional y un triunfo para el municipio de Escobar.

El tribunal ratificó el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana, que había cuestionado la validez de la Resolución N°267, emitida en septiembre de 2024 por la Secretaría de Industria y Comercio, entonces bajo el mando del ministro Luis Caputo. La norma prohibía a los municipios incluir en sus tasas conceptos no vinculados de forma directa con el servicio contratado por los usuarios.

Desde Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk había rechazado la medida, al calificarla como un intento de “avasallar la autonomía municipal” y acusó al Gobierno de impulsar “ataques innecesarios a los municipios” en lugar de trabajar coordinadamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Autonomía municipal frente a las restricciones nacionales

En su fallo, la Cámara advirtió que la resolución oficial generaba un "grave perjuicio social" y presentaba una "inusitada gravedad inconstitucional". De haber sido aplicada, la normativa habría afectado la capacidad financiera del municipio para sostener servicios esenciales como alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento vial e inversiones en áreas críticas como salud, educación y seguridad.

Además, la decisión judicial permite retomar obras públicas financiadas con fondos municipales, muchas de las cuales fueron paralizadas tras el recorte de transferencias desde la Nación en diciembre de 2023.

Con esta sentencia, la Justicia reafirma la autonomía fiscal de los municipios y limita el alcance de las políticas de ajuste del Gobierno, en un contexto donde las provincias y los gobiernos locales vienen reclamando mayor previsibilidad en la distribución de recursos.