Stornelli impulsa investigación por ocultamiento de las 950 cuentas offhsore en la gestión de Abad en la AFIP 

Política

Fiscal dio impulso tras detallada denuncia del fiscal Delgado. Volvió a pedir organigrama y declaración de Castagnola, exfuncionario que reconoció que se pudo haber adulterado o eliminado información clave. 

Sin margen para otra determinación, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió una serie de medidas de prueba al impulsar una investigación por “presunta protección de evasores por parte de las personas que dirigieron la Administración Federal de Ingresos Públicos” durante el gobierno de Mauricio Macri, en referencia a Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Es por el presunto ocultamiento de datos provistos por la OCDE, entre las que estaban las 950 cuentas offshore que superaban el millón de dólares. La denuncia original la había hecho el fiscal Federico Delgado ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

Stornelli decidió pedir varias declaraciones testimoniales y que se cursen pedidos a la AFIP para indagar en la gestión anterior, donde se hallaron indicios de que se pudo haber habido adulteración y hasta eliminación parcial de registros, que formaban parte del intercambio fiscal entre países. Eso no descarta la hipótesis de que se intentó proteger a alguna persona física o jurídica que había sido informada por los organismos fiscales de países miembros de la OCDE. Stornelli pidió organigrama completo con vigencia a 2017 y solicitó volver a convocar a Horacio Castagnola, exN°2 de la AFIP durante la era Abad para que declare.

Según la denuncia de Delgado, “se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias”. Ámbito había revelado que hubo maniobras ligadas al sistema informático interno de la AFIP que debía “cruzar” las cuentas reportadas a través de la OCDE con los CUIT de la base local, entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Eso fue parte del derrotero por el cual, recién en 2020, se halló que no hubo acción respecto a miles de cuentas que databa de dos años de antigüedad y que debían ser cotejadas con los contribuyentes que accedieron al blanqueo de capitales durante la gestión de Mauricio Macri.

Stornelli pidió que “se requiera a la titular de la AFIP la remisión de un informe detallado acerca del organigrama vigente en la AFIP a partir de septiembre de 2017, con sus eventuales modificaciones, comprensivo de la descripción de las misiones y funciones de cada área y sub-área e indicación de los funcionarios responsables de cada una de ellas”. La denuncia apunta a que “la información que recibió oportunamente la AFIP de la OCDE pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligación de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas”. Delgado había dicho que deben investigarse las consecuencias penales de una supuesta “inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de información que no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la AFIP”.

De acuerdo con el denunciante original de los hechos, Jorge Gaggero, “se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias”. Pero fueron en realidad muchas más. Según la presentación original de Delgado, la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP explicó que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Gestión de Información Internacional, se realizaron los siguientes intercambios de información:

• Un intercambio realizado en septiembre 2017 (respecto al período fiscal 2016), por el que se recibieron 55.541 cuentas de 44 países por un total de saldo informado en euros de € 2.561.868.623.

•Intercambio realizado en septiembre 2018 (respecto al período fiscal 2017), por el que se recibieron 254.949 cuentas de 74 países por un total de saldo informado en euros de € 9.042.723.582. Al respecto, el actual Subdirector General de Fiscalización, Julián Ruiz, dijo que de los casos recibidos en septiembre 2017 se investigaron 576, de los cuales el 77% se realizaron en el mes de enero 2019.

Según se informó en el caso, actualmente durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont se está desarrollando un análisis integral de toda la información suministrada por la OCDE por los períodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se ordenó en el mes de abril del corriente año la investigación de las cuentas con mayor interés fiscal comprometido con respecto a la información recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la información recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016.

La AFIP denunció que el 15 de abril de 2020 la Subdirección General de Fiscalización ordenó un sumario administrativo, el cual se registró bajo el número AFIP IF-2020-00223077, por el posible incumplimiento de los procesos de adecuado resguardo de la información en el ámbito de la Dirección de Fiscalidad Internacional; por el posible acceso a esa información por personas que carecían de facultades para ello y, en su caso, para deslindar las responsabilidades que pudieran verse comprometidas.

Por otra parte, la fiscalía contactó a Castagnola, que reconoció los hechos. “Horacio Castagnola y Jorge Gaggero también mencionaron que consideraban que la información que recibió oportunamente la AFIP de la OCDE pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo”. Sobre esa base la fiscalía solicitó nuevos informes a la AFIP. A partir de ellos, se logró determinar a) quienes recibieron la información; b) que Ministerio Público de la Nación decisiones administrativas se tomaron; c) quienes retuvieron la información hasta fines del año 2019; d) quienes tuvieron acceso a esos datos; e) quienes accedieron, aunque no debían; e) quienes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la información es la misma que envió la OCDE; f) quienes permitieron la posible prescripción de los tributos.

El fiscal Delgado sostuvo que “el objeto del proceso se limita a plantear las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de información que, esto es decisivo, no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la AFIP. La causa, con el impulso de Stornelli queda en manos de la jueza Capuchetti.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario