Orden de Kirchner: que Patti no jure

Política

Néstor Kirchner parece haber elegido a Luis Patti como su próximo trofeo político para adornar las vitrinas de rememoración del 30° aniversario del golpe militar de 1976. El diputado electo, que cosechó en la provincia de Buenos Aires 400 mil votos en la última elección, se le presenta al santacruceño como una presa fácil, ya que lo acusará a través de la Comisión de Peticiones dominada con comodidad por los diputados del oficialismo. El Presidente apuesta esta vez por privilegiar la legalidad por encima de la legitimidad que Patti adquirió en las urnas, justo al revés del razonamiento que impulsó para dotar al Consejo de la Magistratura de una mayor representación de los sectores elegidos popularmente, aun corriendo el riesgo de violar la Constitución nacional.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que se reúne hoy por primera vez en el año, emitirá, cuando finalice su labor, un dictamen desfavorable a Luis Patti. Por pedido expreso de Néstor Kirchner, el diploma de diputado del ex comisario sería rechazado por presunta « inhabilidad moral» para asumir su cargo, y el tema deberá ser decidido por el pleno de la Cámara de Diputados.

La Casa Rosada quiere que el «caso Patti» sea el trofeo kirchnerista del 30° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El mandatario patagónico quiere impedirle al político del Partido Unidad Federalista (PAUFE) asumir su banca, desoyendo a los más de 400 mil electores que lo votaron, como gesto político para el próximo 24 de marzo. No quiere que se lo recuerde como un presidente que gobernó con una Cámara de Diputados que incluía a un acusado de presuntos apremios ilegales durante el Proceso militar, aunque el ex comisario no esté procesado por ningún delito de lesa humanidad, sino por encubrimiento.

Tan fuerte es el mensaje que Kirchner quiso enviar, que designó al frente de esta comisión al tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse, desaparecido durante el gobierno de Antonio Bussi, quien se encuentra actualmente detenido por este caso. Desde el gobierno prefieren destacar también la formación jurídica de este legislador, con un máster en Políticas Públicas y de Gobierno, quien fue uno de los principales asesores legales del gobierno en la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. Patti, consciente de que su suerte ya está echada en la Comisión de Peticiones, prepara el campo de batalla ahora en lo que será el tratamiento del tema en la Cámara, dentro de 90 días. Allí, el Frente para la Victoria necesitará los 2/3 de los votos de los presentes para impedir que el ex intendente de Escobar asuma su banca.

Hasta última hora de ayer,
Vargas Aignasse trabajó en la redacción del reglamento procesal de la comisión. Este documento consagrará en nueve artículos las normas que regirán el procedimiento al que será sometido Patti. El principal argumento que el oficialismo expondrá para bloquear el juramento de Patti será su presunta falta de idoneidad moral sobre la base del procesamiento por presunto encubrimiento del ex teniente coronel Jorge Granada, y por las múltiples denuncias -sin comprobar- por apremios ilegales.

El principio de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 116 de la Constitución nacional desdobla a la idoneidad necesaria para ejercer un empleo en habilidad o aptitud material o intelectual, por un lado, y capacidad o aptitud moral, por el otro. Este último requisito será el que atacará el oficialismo por considerar que
Patti no es apto moralmente. Razonan que el Congreso no puede tener autoridad para dictar leyes de cumplimiento obligatorio si esas normas son sancionadas por legisladores cuestionados moralmente. Una discusión casi del plano de la filosofía del Derecho que plantea la discusión más en el plano del deber ser que del ser.

• Legalidad

El concepto se completa con el artículo 64 de la carta magna: «Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez». Por eso el gobierno inclusive reconoce que privilegia, en este caso en particular, la legalidad por sobre la legitimidad que tiene Patti para asumir como diputado a partir del contundente apoyo que recibió en las urnas. El gobierno se expone en este punto a una contradicción con la posición que tomó en el debate del Consejo de la Magistratura. Allí los argumentos del oficialismo apuntaban justamente en sentido contrario: reforzar la legitimidad del órgano aumentando la representación de sus integrantes elegidos por el voto popular -quienes ostentarían una mayor legitimidad, sostienen, que jueces y abogados- aun a costa de vulnerar la legalidad del artículo 116 de la Constitución nacional, donde se proclama la necesidad de «equilibrio» entre sus miembros.

Las impugnaciones contra
Patti fueron presentadas por los diputados kirchneristas Remo Carlotto y Diana Conti, a los que se sumaron los transversales Miguel Bonasso y Araceli Méndez de Ferreyra. Las presentaciones acusan al ex intendente de Escobar -y candidato bonaerense del Partido Unidad Federalista (PAUFE)- por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. La comisión -que estará integrada por 31 miembros: 19 del Frente para la Victoria, 4 de la UCR, 4 del Peronismo Federal, 2 del ARI y 2 de Propuesta Federal- analizará, además, modificar su propio reglamento para permitir el derecho a la debida defensa de los acusados y ampliar el plazo para presentar las pruebas.

Dejá tu comentario