Otilio Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura, pero mientras ese proceso avanzaba huyó en Chile, donde estuvo prófugo dos años, hasta que la Corte Suprema trasandina decidió deportarlo.
Organismos de defensa de los derechos humanos de Mendoza rechazaron que el exjuez federal enjuiciado por delitos de lesa humanidad Otilio Romano cumpla arresto domiciliario y advirtieron por otra posible fuga.
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Decenas de personas se manifestaron este martes en las escalinatas de los tribunales federales cuyanos donde es juzgado por un centenar de casos junto a los exjueces Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo, además de una treintena de expolicías y militares. "Estamos acá porque realmente es una preocupación enorme que esto suceda. Por su fuga atraso el juicio a casi dos años. Él tiene las condiciones para estar en la cárcel como cualquier otro preso porque no tiene ningún tipo de enfermedad terminal", señaló la actriz y militante social Mariú Carrera, que perdió en el último proceso militar a su pareja, hermano y cuñada.
Carrera explicó que Romano padece de diabetes, pero que las condiciones en las que se encuentra detenido son las adecuadas e incluso está alojado en el mejor pabellón del complejo penitenciario II San Felipe, al mismo tiempo que aseguró que sus condiciones no han variado de las que tenía cuando fue detenido.
La señal de alerta se encendió cuando el perito del Cuerpo Médico Forense Florencio Casavilla dictaminó a favor del exmagistrado y consideró que en San Felipe no están dadas las condiciones apropiadas para atender su enfermedad. En esa misma resolución, descartó el penal de Ezeiza, sin que ninguna autoridad judicial lo haya propuesto. En ese marco, Romano, de 71 años, pidió cumplir la detención en el living de su casa.
Juan "Nino" Bonoldi, miembro de Familiares Detenidos y Desaparecidos, vinculó ese dictamen a la corporación judicial que amparó tiempo atrás al exjuez. "Nosotros le diríamos a los que han promovido estás acciones, que son los familiares de los genocidas detenidos, que por qué no vienen a los juicios a escuchar las declaraciones de los testigos cuando testifican sobre torturas que han recibido y que estos jueces cuando venían torturados le decían bueno hay que aguantar, hay que pasarla", sostuvo Nino.
Bonoldi reveló que ante la gravedad de los hechos también se solicitaron audiencias con el gobernador, Fancisco "Paco" Pérez, el vice Carlos Ciurca, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Los organismos esperan que la primera reunión ocurra entre miércoles y jueves próximo.
De la movilización participó el subsecretario de derechos humanos mendocino, Juan Manuel González, quien se sumó a las advertencias por el peligro de fuga. "Quién lo hace una vez, lo hace dos veces", señaló el funcionario provincial.
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la provincia informó que todos los detenidos en San Felipe tienen cama con colchón y frazada, baño en las celdas, que suelen permanecer abiertas -lo que les permite circular por los pasillos- y el lugar tiene buenas condiciones de higiene, excepto en la cocina. Algunos presos tienen televisor, biblioteca y libros. Para los mayores de 60 años, hay médicos que supervisan a la mañana, a la tarde y a la noche. De todos modos, los internos tienen permitido llevar sus profesionales privados. Para los diabéticos hay una dieta especial, y en las visitas les pueden llevar su comida, si quieren.
La decisión de conceder o no el pedido de prisión domiciliaria al exjuez será del TOF Nº 1 de Mendoza, que lo está juzgando por su participación primaria en un centenar de delitos de lesa humanidad, y debatirá el asunto esta semana, mientras siguen declarando testigos.
