Otra crisis institucional sacude ahora a Corrientes

Corrientes - Los correntinos parecen predestinados a vivir en escenarios convulsionados: a casi un año del fin de la intervención federal sobre la provincia, estalló una nueva crisis institucional de proporciones que enfrenta al gobierno con la Legislatura y con el Superior Tribunal de Justicia, con la virtual coexistencia de dos cortes provinciales.

El recrudecimiento del conflicto de poderes volvió a agitar el fantasma del remedio federal. Ayer, el senador nacional justicialista Angel Pardo aseguró que, a más tardar mañana, podría presentar en el Congreso un proyecto de intervención federal sobre la provincia. «La consecuencia inexorable de la existencia de dos cortes es la quiebra de la administración de la Justicia, y eso ya es razón suficiente para impulsarla», señaló.

«Si esto no se arregla, estalla la provincia», dijo ayer otro referente en el Congreso, trayendo el recuerdo de diciembre de 1999, cuando el tenso escenario correntino se cobró dos muertos y apuró el desembarco del interventor Ramón Mestre. Ayer el puente General Belgrano -que une Corrientes con Chaco-fue tomado por trabajadores de Barranqueras por un reclamo salarial. «De ahí a que se sumen agitadores hay un solo paso», advirtió la fuente.

Por su parte, el vicegobernador Eduardo Galantini (PJ) aseguró ayer a este diario que se trata de una nueva movida de la oposición para voltear al gobierno correntino porque «ven que se va a aprobar el Pacto Fiscal y van a entrar 200 millones de pesos a la provincia». «Los principales operadores son el diputado nacional Rodolfo Martínez Llano, grabado cuando solicitaba una coima, y Raúl Romero Feris, que anda buscando entrar en el Senado para eludir a la Justicia», denunció.

El eje del conflicto: cansado de que los senadores opositores le retacearan la aprobación de pliegos de jueces, ayer el gobernador radical Ricardo Colombi manoteó un decreto para designar en comisión a cuatro magistrados para ocupar los lugares vacantes en el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Pero la decisión fue desconocida por el presidente de ese cuerpo, Fernando Niz, y por el fiscal general adjunto Jorge Sheman. Los nuevos integrantes debieron jurar ante sí mismos, por ausencia de Niz.

Los flamantes ministros son Elpidio Monzón, Liberato Simonelli y Clemente Maldonado, mientras que como fiscal general asumió el juez de Instrucción Mario Payes, quien piloteó todas las causas que se le siguen al al ex gobernador Romero Feris. El tribunal cuenta con cinoo miembros. Dos fueron nombrados con acuerdo del Senado, mientras que los restantes tres cargos eran ocupados hasta ayer por jueces subrogantes. Los magistrados nombrados ahora vienen a reemplazarlos.

La movida oficializó el conflicto de poderes: Niz denunció una «invasión» por parte del Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial, mientras que el oficialismo asegura haberse ajustado «a lo que marca la Constitución».

Allegados a Colombi insistieron ayer con que los nombramientos responden a que el Senado provincial no cumplió con su cometido de prestar acuerdo a los jueces propuestos durante el período de sesiones ordinarias, que finalizó el sábado. En la otra vereda, para Niz «éste es el tribunal que está funcionando de acuerdo con la Constitución provincial». Ayer, junto a los conjueces que conforman por sorteo el organismo, firmó una acordada mediante la cual se lo reeligió como presidente hasta diciembre de 2003. Además, Niz aseguró que existe un fallo de la Corte provincial «donde se le indicaba al Poder Ejecutivo que se abstuviera de nombrar jueces en comisión como medida cautelar, hasta tanto se resolviera el fondo».

«La oposición lo ve como una intromisión, pero todos escuchamos cómo un miembro de la Corte era manejado por referentes políticos locales», dijo por su parte Galantini, en referencia al escándalo desatado meses atrás en la provincia producto de la difusión de escuchas telefónicas.

De mantenerse esta coexistencia de cortes -que trajo a la memoria el recuerdo de cuando la provincia tuvo dos gobernadores, a fines de los noventa-, la situación deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Signo de la tensión que se vivió ayer, trascendió que Niz pidió al juez federal Carlos Soto Dávila la presencia de gendarmes para proteger la institución, aunque el magistrado se declaró incompetente.

Los acontecimientos se aceleraron en los últimos días, luego de que Colombi intentara sin éxito que la Legislatura le aprobara el Pacto Fiscal con Nación, que le representará cerca de $ 200 millones. El acuerdo bajo la mesa apuntaba a que ese pacto se destrabaría con la asunción como senador nacional de «Tato», luego de que recuperara la libertad tras más de tres años de detención. Sin embargo, los escollos que encontró «Tato» en el Congreso habrían gestado la trabazón local del pacto. Ello habría apurado en Colombi el «plan B», que concretó ayer al nombrar los jueces . Previendo esa jugada, antes de finalizar las sesiones ordinarias, unaAsamblea Legislativa, integrada sólo por opositores convocó a extraordinarias y abrió el análisis de los pliegos para «normalizar la Justicia», para impedir los nombramientos en comisión. Para Colombi fue «un golpe institucional»; ayer también convocó a extraordinarias. El arco opositor incluye al PANU, al PJ menemista y a la línea dura del autonomismo, además de ex socios de la coalición como sectores del PJ, del liberalismo y de la propia UCR. El conflicto volvió a alentar el pedido de juicio político contra el mandatario. «Y a mí me hacen juicio político porque disminuí los gastos de la Legislatura», dijo Galantini.

En este marco, mañana llegará a la provincia el secretario de Asuntos Políticos de Nación, Juan José Mussi, para coordinar el desembarco del Operativo Rescate nacional contra la desnutrición.