Paro salvaje. Es la hipótesis de conflicto que teme el Ministerio de Defensa como paso inmediato al clima de protesta de los gremios aeronáuticos por deficiencias en la seguridad de los vuelos. Dos nuevas denuncias sobre aviones que estuvieron a punto de chocar en el aire crisparon el enfrentamiento de pilotos y controladores con Defensa. Como generales sobre la mesa de arena, Nilda Garré y su equipo tejen alternativas a la huelga. La debilidad institucional dio paso a la primera medida: Garré pidió al ministro de Interior, Aníbal Fernández, blindar el acceso a las torres de control de Ezeiza y Aeroparque con efectivos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que cubrieron eso puestos el viernes pasado. También se impulsó una denuncia penal en el juzgado federal de Alberto Santamarina (Lomas de Zamora) contra el presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, César Salas -uno de los más duros opositores a la gestión de Garré-, por intimidación pública.
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En la apreciación oficial, Salas habría infundido temor público por sus declaraciones de inseguridad aérea. La palabra «huelga» surgió también espontánea como probable represalia de los controladores por el traslado en comisión del suboficial principal Marcelo Paredes, jefe de la torre de control de Ezeiza, al Edificio Cóndor.
Paredes, quien parece más gremialista que militar, fue designado miembro de la comisión que estudia el cambio de control de la actividad aerocomercial y cumple ahora esas tareas en el comando de la fuerza. No es un desconocido para Garré, la ministra lo reincorporó al cargo luego de que una investigación sumaria de la fuerza lo había encontrado responsable de facilitar presuntamente el acceso a personas no autorizadas a la zona restringida de la torre de control. La pesquisa fue posterior a la revelación de imágenes obtenidas con cámaras ocultas que se usaron para el documental Fuerza Aérea SA. El padrón de controladores muestra una proporción de 60 por ciento de militares (suboficiales) y 40 por ciento de civiles, empleados de la Fuerza Aérea.
Con esos números no sería posible una parálisis generalizada de la actividad de control aéreo ya que la huelga es un acto de indisciplina en el mundo castrense. Pero los cálculos de muchos uniformados -con Paredes de referente- no son éstos, saben que habrá una asimilación necesaria de militares al nuevo régimen de control bajo la órbita civil y especulan en que su foja de servicios no quedaría manchada si adhirieran a la medida de fuerza. Más aún sería su carta de presentación al mundo civil del negocio aerocomercial.
A partir de la salida de servicio del radar primario de Ezeiza afectado por un rayo el 1 de marzo, los gremios aeronáuticos denunciaron cinco casos de «casi colisión». Tres incidentes sucedieron desde el lunes pasado a la fecha. El más reciente fue entre dos aparatos de Aerolíneas Argentinas, pero sus comandantes aún no formalizaron los Inpi (informe del piloto) ante las autoridades aeronáuticas. A favor de Garré hay que decir que no todos los «incidentes» fueron como los pintaron los gremialistas, hubo exageración interesada. Sin embargo, no la exime del descontrol que generó la propia ineficacia para resolver la crisis.
El 4 de abril, José Ceppi, director regional de la oficina regional de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) produjo un informe a pedido de Garré e identificó con claridad el problema: vacío de autoridad, indisciplina en las dependencias del Centro de Control de Area Ezeiza, divergencias entre el personal de las torres de Ezeiza y Aeroparque, entre otras. Hizo hincapié en la necesidad de que se fortalezca como asunto de urgencia la autoridad del Comando de Regiones Aéreas (CRA). Una utopía, pues el Decreto Nº 239 de transferencia de las funciones del CRA al Ministerio de Planificación Federal y creación de la Administración Nacional de la Aviación Civil que firmó el Presidente el 15 de marzo dejó sin poder real a esa repartición de la Fuerza Aérea.
¿Intervención?
Como Néstor Kirchner con Santa Cruz, Garré cree que puede apagar el conflicto con las autoridades locales (la Fuerza Aérea) sin exponerse al desgaste. No quiere o no puede adelantar la solución que sobrevuela en el campo gremial: la designación de un interventor. ¿O acaso no se había echado mano a esa medida cuando explotó el affaire de las valijas con cocaína de Southern Winds, designándose un interventor -el entonces viceministro Jaime Garreta- en la ex Policía Aeronáutica Nacional (PAN)? El recurso de la intervención se aplicó también el pasado 27 de abril a otra área del ministerio que pasó a control civil: el Servicio Meteorológico Nacional. Sin viceministro en ejercicio porque José Vásquez Ocampo está por irse (lo reemplazará Alfredo Forti) y a la espera de que el Presidente resuelva si le concede una nueva secretaría dentro del ministerio con responsabilidad en asuntos internacionales, la ministra sólo tiene un fusible de escasa resistencia, el subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, Germán Montenegro, hijo del ex jefe de la Fuerza Aérea, Rubén Montenegro.
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