Otro récord argentino

Política

La Argentina es un país de pocos habitantes que sorprende al mundo porque tiene «top ten» en el tenis (hoy son tres los argentinos que lo integran), en el basquetbol de la NBA y en el polo, deportes que no son masivos. En fútbol, también sobresale y es una de las selecciones «top ten» del mundo, pero porque es el deporte nacional. Ayer, la Argentina cubrió una deuda histórica al serle reconocida por el mundo una especialidad que practica ininterrumpidamente desde antes de su independencia. La reivindicación vino de la mano de Yacyretá. La represa fue consagrada como uno de los seis « monumentos más grandes a la corrupción» por la organización Transparencia Internacional. Pero no hay que ser ingratos, tuvimos un socio: Paraguay.

La Argentina se colocó ayer en el centro del escenario internacional con uno de los seis símbolos mundiales de corrupción. La ONG Transparencia Internacional (TI) dio a conocer en Londres uno de sus polémicos informes, ahora sobre la Corrupción Global 2005, y localizó seis modelos indiscutibles de corrupción:

• El Proyecto Lesotho (Highlands Water Project), en el que Acres International y otras 11 empresas constructoras de represas internacionales supuestamente pagaron unos u$s 2 millones en sobornos.

• El proyecto del incinerador de Colonia en Alemania, donde supuestamente se gastaron unos u$s 13 millones en sobornos durante la construcción de la planta incineradora de desperdicios de u$s 500 millones.

El proyecto hidroeléctrico de Yacyretá en la frontera de la Argentina y Paraguay, represa construida con el apoyo del Banco Mundial. Debido a los excesivos costos, la electricidad generada por Yacyretá no resulta económica y necesita el subsidio del gobierno. Según el director de la Oficina Paraguaya de Contabilidad General, alrededor de u$s 1.870 millones en gastos para el proyecto «no cuentan con documentación legal y administrativa para justificarlos».

• El reservorio de la represa de Bakun en Sarawak, Malasia, cubrirá con agua 700 km² de selva tropical. El mandato para desarrollar el proyecto se adjudicó a un contratista amigo del gobernador de Sarawak. El gobierno provincial de Sarawak todavía está buscando clientes que consuman la electricidad que será generada por el proyecto.

• La planta nuclear de Bataanen las Filipinas, construida por un valor de más de u$s 2.000 millones. El contratista, Westinghouse, admitió haber pagado u$s 17 millones en comisiones a un amigo del antiguo presidente Marcos. El reactor se ubica en una línea con fallas activas, lo que da así lugar a un mayor riesgo de contaminación nuclear si la planta comenzara a operar.

• La represa de Bujagali en Uganda, en la que el Banco Mundial y cuatro gobiernos más están investigando casos de corrupción, luego de que la subsidiaria británica de la empresa de construcción noruega, Veidekke, admitió haber pagado un soborno a un funcionario público ugandés. Nunca se ha evaluado el impacto ambiental acumulativo de Bujagali.

Aunque Transparencia Internacional no lo reconoce, el mote de
«monumento a la corrupción» se lo puso a Yacyretá el ex presidente Carlos Menem, quien para remediar esa lacra intentó una privatización del emprendimiento que nunca pudo concretar.

Hoy Yacyretá
trabaja en producción de energía con un proyecto para elevar su cota a 83 metros con créditos de Banco Mundial, pero arrastra una deuda con el estado argentino de casi u$s 10 mil millones por los aportes del gobierno de Buenos Aires al ente binacional para su construcción. También mantiene un juicio arbitral en la Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París por una deuda de u$s 700 millones que le reclama la constructora italiana Eriday por mayores costos y deudas presuntamente impagas.

• Debilidad

El informe de TI señaló la debilidad del Poder Judicial en varios países de América latina, al tiempo que apreció una serie de avances en la lucha contra la corrupción en México y en la Argentina.

El documento señala que el estamento judicial es fuente de «preocupación» a causa de su debilidad en varios países latinoamericanos, entre los que cita a Nicaragua, donde no se aprobó una ley que introducía métodos más transparentes.

En Bolivia también fue «evidente» la
«debilidad del Poder Judicial en relación con el Ejecutivo y el Legislativo», según Transparencia Internacional, que destacó además «el mal uso de fondos estatales» en «varios niveles de gobierno».

En el caso de México, generalmente considerada una de las naciones más afectadas por la corrupción, los responsables de Transparencia Internacional destacaron que se están produciendo avances.

Peter Eigen
, presidente de Transparencia Internacional, dijo que la corrupción es «parte del sistema» en ese país, si bien destacó los « progresos lentos» que se han producido gracias a los esfuerzos del presidente Vicente Fox y su antecesor, Ernesto Zedillo.

En cuanto a la Argentina, el informe de ese organismo se centró en estudiar la nueva ley de financiación de los partidos y la decisión de
Néstor Kirchner, de poner bajo escrutinio al estamento judicial. «Con gran apoyo público, esas nuevas medidas dan a las comunidades de la sociedad civil, académicas y legales la oportunidad de presentar objeciones a los candidatos al Tribunal Supremo», indicó TI.

Sobre la nueva ley de financiación electoral en la Argentina, sin embargo, fue menos contundente pues, si bien señaló que es
«una mejora» obligar a los partidos a dar detalles concretos, «esos informes a menudo se quedan en ficción», por lo que pidió que se otorguen los recursos necesarios al organismo supervisor. En cuanto a Brasil, Transparencia Internacional señaló que a menudo el gobierno de ese país ha reaccionado deprisa escándalos concretos de corrupción, pero no ha ofrecido un «esfuerzo concertado para atajar la raíz del problema».

El organismo se refirió además a Perú y Colombia como países en los que se tomaron medidas contra la « corrupción en el nivel local», aunque en el caso de Colombia apuntó que el éxito ha sido «limitado» debido a que los acuerdos son «demasiado vagos».

En Perú, TI señaló que un «gran fracaso» ha sido la imposibilidad de reportar a los órganos de supervisión datos sobre el proceso de devolución de poder a las regiones.

Finalmente, sobre Costa Rica este organismo destacó que
«los escándalos de corrupción han servido para demostrar la importancia de una vigilancia independiente de la contratación por parte del gobierno».

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