Juez consideró que marchar durante la cuarentena no es delito

Política

Para el juez Ercolini, si la movilización se realiza dentro de los límites tolerados no hay delito.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a un grupo de abogados y funcionarios de la magistratura porteña que se manifestaron en las escalinatas del Palacio de Justicia en junio pasado, reclamando por cuestiones laborales.

Para el juez no hubo delito, ya que “se trató de un encuentro pacífico en el que los reclamos se hicieron oír mediante aplausos y expresiones orales sin que se hubiera recurrido a la violencia”.

Según la resolución, la forma en la cual se llevó a cabo la movilización, más allá de los recaudos de seguridad e higiene previstos en este contexto excepcional… "también fue dentro de los límites tolerables para este tipo de eventos”.

La causa se inició por una denuncia de Ana Laura Nuñez en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) contra empleados y/o funcionarios públicos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires a los que se los acusó de no respetar la normativa vigente en materia de emergencia sanitaria y de prohibición de circulación y realizado hechos de violencia contra la propiedad privada.

Concretamente se denunció que el abogado Juan Pablo Godoy Velez, quien cumplía funciones como secretario judicial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, había convocado a través de los distintos medios televisivos a una marcha a realizarse el 1 de junio del 2020 a las 12:00 hs. en las escalinatas del Palacio de Justicia.

La manifestación era para pedir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio Público de Abogados de Capital Federal poder volver a cumplir con sus funciones laborales mediante la modalidad de “teletrabajo”.

Para el juez, la movilización “fue en el marco del ejercicio de un derecho y para reclamar, ante las autoridades competentes al efecto, la posibilidad de poder ejercer otro -trabajo- y bajo una modalidad que justamente fue diseñada para garantizar la seguridad de los agentes del sistema; concretamente la labor a través de plataformas digitales desde sus hogares”.

El CPACF denunció que el trayecto que hicieron los manifestantes entre el Palacio hacia el Colegio de los abogados fue sin guardar el distanciamiento mínimo obligatorio, lo que evidenciaba un ́ quebrantamiento de la obligatoriedad del ASPO ordenado por el Decreto 297/2020 y subsiguientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Continuó detallando que una vez en el Colegio , comenzaron a cantar y aplaudir “queremos trabajar”, golpeando con objetos contundentes las persianas metálicas que permanecían ́ ́ cerradas, exigiendo e intentando, además, que se les permitiera el ́ acceso al lugar.

Por su parte, los denunciados sostuvieron que la denuncia del CPACF era falsa y que estuvo impulsada por un interes de perjudicarlos por pertenecer a una agrupación opositora a la que gobierna dicha institución.

Sostuvieron que en todo momento apoyaron las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno, que nunca pretendieron la apertura de tribunales, ni que se pusiera en riesgo la salud de las personas que allí trabajaban ni la de los abogados o el público en ́ general.

Por el contrario, requirieron la utilización de las herramientas informáticas existentes para que fuera implementado el teletrabajo y ́ el expediente digital.

Con respecto a las supuestas roturas de la persiana, el juez Ercolini sostuvo que “no hay manera de comprobar, para el caso que pudieran acreditarse hoy en día daños en la persiana, que fueron producto de los golpes que pueden verse de las grabaciones los que, además, no parecerían ser idóneos para esos fines”.

En lo que respecta a la infracción del art. 205 del CPN, sobre violación de normas dispuestas para impedir la propagación de una epidemia, el juez destacó que “no hay ningún elemento que permita sostener que alguno de los imputados presentaba en aquel entonces COVID 19, o síntomas compatibles con dicha enfermedad, por lo que, “por lo que tampoco puede sostenerse que existió un riesgo jurídicamente desaprobado ni que este se hubiera verificado en un resultado lesivo”.

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