Papeleras: Argentina refutó "todos" los argumentos de Uruguay ante La Haya

Susana Ruiz Cerutti, titular de la delegación argentina ante el Tribunal de Justicia de La Haya, destacó hoy que "esta instancia (judicial) apunta a resolver un conflicto y no a profundizar una disputa entre dos países hermanos", en el marco de la diferencia por la construcción de las papeleras sobre el Río Uruguay.

Al término de su exposición ante esa corte internacional, Ruiz Cerutti dijo que "se han refutado todos los puntos, expuestos ayer por la delegación uruguaya, y ahora esperamos ver con qué nos encontraremos" cuando Uruguay responda.

El equipo argentino aseguró que Uruguay presentó una "visión deformada" de los hechos y un "panorama idílico" con el que intentó desviar la atención de la Corte de la cuestión principal: el peligro "urgente y irreversible" que entraña desde ya la construcción de estas fábricas, "decidida de forma unilateral y en violación del estatuto del Río Uruguay", firmado por ambos en 1975.

"Si Argentina es responsable de algo en esta historia es de confiar a ojos cerrados en un país al que estamos unidos por una historia común", aseguró a los 14 jueces de la CIJ Ruiz Cerutti.

Según la experta, Uruguay decidió no respetar los mecanismos de consulta previa e información estipulados en el estatuto del Río Uruguay "probablemente" porque sabía que, en ese caso, "las fábricas no serían construidas nunca".

Los letrados de Uruguay defendieron hoy en su réplica final en el litigio sobre las fábricas de papel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Argentina carece de "derecho de veto" sobre la autorización y ubicación de estas plantas.

El profesor de derecho de la Universidad de Florencia Luigi Condorelli explicó a los jueces que el Estatuto del fronterizo Río Uruguay -en cuya ribera uruguaya se construyen las fábricas- obliga a las partes a hacer consultas para desarrollar estos proyectos, pero no contiene ninguna mención "explícita" a un derecho de veto sobre su construcción.

"Lo admita o no Argentina, estamos ante un silencio del texto que permite diversas interpretaciones: para Argentina ofrece derecho de veto, para Uruguay es lo contrario", subrayó Condorelli.

El jurista sostuvo que el punto de vista uruguayo es el único "en armonía" con el derecho internacional, dado el "principio de soberanía permanente" que éste reconoce a cada Estado en lo relativo a la explotación de los recursos naturales.

Tras subrayar que las papeleras suponen el "programa industrial más importante aprobado en Uruguay", concluyó que es "inconcebible que estén sujetas a la aprobación de otro Estado, aunque sea el vecino, si no hay un derecho de veto tipificado específicamente, lo que no es el caso en el Estatuto" del río.

Sobre esa base, dio por sentado que no hay argumentos "prima facie" (a primera vista) de que Uruguay haya violado el Estatuto, ni procede por tanto que la CIJ adopte la "medida excepcional" de suspender las obras de construcción de la planta, como ha solicitado el Gobierno argentino.

Previamente, Alan Boyle, profesor de derecho internacional de la Universidad de Edimburgo y parte también del equipo legal uruguayo, sostuvo que, a la vista del Estatuto del río, "Uruguay no puede aceptar que corresponda a Argentina definir la ubicación de las plantas", situadas en las cercanías de la localidad uruguaya de Fray Bentos.

Boyle contestó también los argumentos argentinos relativos al posible daño irreparable que supondrá la contaminación derivada de las fábricas, al señalar que el Estatuto del río "obliga a las partes a prevenir que la contaminación alcance niveles prohibidos, pero no prohíbe cualquier contaminación", En este sentido, señaló que las aguas del río Uruguay ya contienen cierto nivel de arsénico, fosfatos, dioxinas u otras partículas orgánicas contaminantes, pero en niveles tolerados por la regulación en la materia.

Los argumentos de Condorelli y Boyle forman parte del turno final de réplica final de Uruguay con que se cerrará hoy la primera audiencia en la CIJ, dedicada a la petición de Argentina de que la Corte ordene cautelarmente la construcción de las plantas, propiedad de la empresa española Ence y la finlandesa Botnia.