El secretario general de ATE en CITEDEF, Alejandro Javier Gallardo, pidió ser querellante en la causa y apuntó contra autoridades del organismo, un representante de Seeker y el exministro Luis Petri.
Se alega que miles de personas circularon cerca de laboratorios, depósitos de inflamables y un polvorín sin controles.
El secretario general de ATE en CITEDEF, Alejandro Javier Gallardo, se presentó ante la Justicia y apuntó contra el titular del organismo, Fernando Lloveras, un representante de la empresa Seeker y el exministro de Defensa Luis Petri. Sostuvo que miles de personas circularon cerca de un polvorín, un laboratorio balístico y un depósito de inflamables sin que existiera un contrato ni controles de seguridad específicos.
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El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Alejandro Javier Gallardo, pidió a la Justicia Federal que lo tenga como parte querellante en la causa que investiga el uso del predio del organismo como estacionamiento durante el Quilmes Rock 2025.
La presentación judicial, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszus, apunta contra el presidente de CITEDEF, el coronel retirado Fernando Roberto Lloveras; Gonzalo Ignacio Morales, señalado como firmante por la empresa Seeker S.R.L.; y el entonces ministro de Defensa, Luis Petri.
Gallardo sostiene que podrían haber incurrido en distintos delitos contra la administración pública y el patrimonio, entre otras figuras, y dejó planteada la posibilidad de ampliar la querella si durante la investigación aparecen otros responsables.
Uno de los principales datos que aporta la presentación es la cantidad de vehículos que ingresaron al predio de CITEDEF, ubicado en Villa Martelli: 2.443 vehículos con sus ocupantes, según el propio conteo del organismo.
El estacionamiento se habría utilizado los días 5, 6, 12 y 13 de abril de 2025, mientras se desarrollaba el festival en Tecnópolis. Según la presentación, Seeker S.R.L. comercializó las plazas a través de una plataforma bajo el nombre “PARKING CITEDEF”. Para la jornada del 12 de abril ofrecía 427 lugares a $40.000 por vehículo.
El planteo sindical pone énfasis en las características del predio. Allí funcionan, entre otras instalaciones, el Laboratorio de Ensayos Balísticos, un depósito de inflamables, un polvorín y talleres vinculados con pólvoras, propulsantes, pirotecnia y espoletas. También existen áreas de acceso restringido y se maneja información clasificada.
En ese contexto, Gallardo sostiene que el ingreso masivo de personas ajenas al organismo generó un riesgo concreto:
“Los responsables permitieron que miles de personas ajenas al organismo (2.443 vehículos con sus ocupantes, según el propio conteo del CITEDEF) estacionaran y circularan a metros de laboratorios y de sectores donde podría haber información clasificada como secreta o reservada”.
Y agrega: “Con ello se pudo haber puesto en riesgo la seguridad de la Nación”.
Según la presentación, los vehículos fueron registrados incluso junto al helipuerto, el laboratorio balístico y el depósito de inflamables, mientras que hubo personas circulando a pie entre esos edificios. Además, el ingreso habría ocurrido fuera del horario reglamentario y sin un registro individualizado de quienes accedían al predio.
Otro de los puntos centrales del escrito es que, según Gallardo, no existió un instrumento jurídico que habilitara formalmente la explotación comercial del estacionamiento.
La presentación cita una declaración realizada por el propio Lloveras ante la Oficina Anticorrupción el 8 de septiembre de 2025. Allí, según el documento, el titular de CITEDEF reconoció: “Este Instituto no ha celebrado contratos de locación, concesión, ni de otro tipo para las fechas señaladas”.
El escrito también describe dos intentos posteriores de formalizar la operación. El primero contemplaba la cesión de al menos 200 lugares a $10.000 por automóvil. El segundo habría sido enviado “listo para firmar” y llevaba únicamente la firma de Morales por Seeker. Ese mismo 4 de abril, siempre según la presentación, la empresa transfirió $1.800.000.
El entonces presidente del Polo Tecnológico Constituyentes, Ignacio Rintoul, habría pedido un dictamen legal y un informe sobre el nivel de riesgo de la actividad. Según el escrito, esos informes nunca se produjeron y posteriormente Rintoul ordenó devolver el anticipo y comunicó que el Polo no firmaría el acuerdo.
La presentación también cuestiona qué ocurrió con el dinero generado por el estacionamiento.
Gallardo sostiene que entre abril y octubre de 2025 no ingresó dinero a CITEDEF. Dos días después de que se presentara ante la Justicia, el 8 de octubre, Lloveras habría enviado al presidente del Polo Tecnológico un mensaje en el que pidió:
“Necesito por favor que vean cómo se puede disponer con urgencia de los fondos provenientes del estacionamiento”.
Según el escrito, el 15 de octubre se emitió una factura a Seeker por $24.430.000, bajo el concepto “SERVICIOS LOGISTICO BRINDADO POR ORGANISMO DE CyT ABRIL2025 – POR CUENTA Y ORDEN DE CITEDEF”.
La factura, destaca Gallardo, fue emitida 185 días después del evento y los fondos ingresaron a la cuenta de una sociedad anónima y no directamente a la Tesorería General de la Nación.
El escrito menciona además daños materiales registrados durante la explotación del predio. El propio presidente de CITEDEF habría reconocido “las roturas detectadas que al parecer ocurrieron bajo estas circunstancias”, entre ellas una luz de señalización próxima al helipuerto y una tapa de cámara de inspección.
Según esa misma declaración, las reparaciones fueron realizadas sin erogación para el Estado Nacional. Gallardo cuestiona que un particular haya reparado bienes estatales que habrían resultado dañados durante la explotación comercial del predio.
La presentación también señala al entonces ministro de Defensa Luis Petri. Gallardo afirma que el 11 de abril de 2025 le informó formalmente que personas ajenas al organismo habían ingresado y permanecido en el predio fuera del horario reglamentario y le reclamó información sobre los acuerdos, autorizaciones y medidas de seguridad adoptadas.
Según el escrito, “No consta que haya respondido ni dispuesto medida alguna”.
El argumento para pedir la querella no se limita al eventual perjuicio económico. Gallardo sostiene que existe una afectación directa sobre los trabajadores de CITEDEF que representa.
“No invoco un interés general en la legalidad ni acudo en defensa abstracta del erario. Invoco un perjuicio directo y verificable, de los trabajadores y trabajadoras a quienes represento en el establecimiento”.
En particular, plantea que un eventual accidente en sectores donde funcionan instalaciones con pólvoras, propulsantes, pirotecnia, espoletas, un polvorín y un depósito de inflamables podría haber comprometido la integridad de los trabajadores.
La presentación agrega que durante las cuatro jornadas hubo personal de CITEDEF afectado al operativo, incluyendo guardias de acceso y electricistas de turno, además de seguridad privada, Gendarmería y supervisión militar. Según Gallardo, esos trabajadores prestaron servicio “sin protocolo, aviso previo ni evaluación de riesgo”.
Finalmente, el secretario general de ATE-CITEDEF pidió formalmente ser tenido como querellante y dejó planteada la reserva del caso federal, al considerar comprometidos derechos constitucionales vinculados con el debido proceso, el acceso a la Justicia, la libertad sindical y la defensa de derechos de incidencia colectiva.