21 de diciembre 2005 - 00:00

Patti: para el gobierno legalidad no basta

Luis Patti
Luis Patti
El kirchnerismo definió ayer cuál será su estrategia para tratar las impugnaciones contra Luis Abelardo Patti en la recién conformada Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Y en este sentido, uno de sus argumentos centrales, no expuestos durante el debate del 6 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados cuando se impidió la jura del ex comisario, será que la Justicia electoral debió haber impugando de oficio su candidatura para que el líder del PAUFe no se presente como candidato. El argumento apunta a lavar una posible responsabilidad de diputados ante un impugnación que implique el desconocimiento de la voluntad popular expresada por casi 400 mil votantes que eligieron a Patti.

Aunque en principio parece contradictorio, el razonamiento se completa con la máxima de priorizar la legalidad por sobre la legitimidad. Diputados que integran la Comisión y que mantienen diálogo directo con la Casa Rosada revelaron que la soberanía del Poder Legislativo de poder ser juez de sus miembros está avalada por la Constitución nacional y que la documentación que presentó Patti para alegar que no tiene procesos en su contra no basta. «Lo que presentó es un certificado del Ministerio de Justicia que dice que no tiene condenas en su contra, pero eso no significa que no esté procesado. Insisten en que está procesado por encubrimiento y la Justicia electoral no debería haber dejado que se presente a elecciones.»

• Posibilidad

La comisión constituida ayer y presidida por la kirchnerista fueguina Roxana Bertone tiene una mayoría de ocho diputados oficialistas sobre un total de 15. Allí, anticipan, la única posibilidad de defensa que tendrá el ex comisario de Escobar será demostrar que no está procesado. De lo contrario, su suerte estará echada.

La comisión, que se reunió ayer las 18 en el edificio anexo de la Cámara baja, analizaría recién a partir de marzo la acusación contra Patti formulada por diputados kirchneristas y por el legislador de Convergencia, Miguel Bonasso, centrada, según el planteo, en las causas que tendría abiertas el ex comisario por supuestos delitos cometidos durante la dictadura militar.

En el caso de Borocotó los diputados encabezados por los macristas del interbloque Propuesta Federal acusan al legislador de haber «transgredido la voluntad popular» al haber anunciado su alejamiento de esa bancada por la que fue electopara integrar las filas del kirchnerismo.

Entre otros, la comisión estará integrada además por el diputado
Gerónimo Vargas Aignasse (FpV, Tucumán), Manuel Baladrón (FpV, La Pampa); el radical Alberto Beccani (Santa Fe); los kirchneristas Jorge Daud, María Teresa García y la legisladora del ARI María América González.

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