Perlas y antiguallas en leyes secretas que se conocen ahora

El gobierno continuó publicando en el Boletín Oficial las leyes secretas tal como ordenó una norma del Congreso. El miércoles pasado se conoció el estatuto con el que funcionó la SIDE durante el gobierno de Alejandro Lanusse.

El gobierno comenzó a publicar desde hace una semana en el Boletín Oficial la totalidad de las leyes secretas, en su gran mayoría emitidas durante los gobiernos militares, tal como lo estableció la ley que impulsó el kirchnerismo en el Congreso. Esa norma no sólo obligó a la publicación de esas leyes sino que prohíbe votarlas en el futuro, pero nada dijo sobre los decretos secretos, que seguirán manteniendo esa categoría.

Entre las curiosidades que se conocieron ahora está la ley secreta que reguló el funcionamiento de la SIDE en el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, cuando sólo podía revistar allí personal militar, o la donación, mediante la Ley 20.232, de «dos padrillos de pura sangre» -el valor era de $ 10.000 de ese entonces cada uno- al ejército de Paraguay. Así, desde hace unos días el Boletín Oficial se ha transformado en una suerte de túnel del tiempo donde se publican leyes firmadas por Jorge Wehbe, Lanusse u Oscar Puigróss -ministro de Bienestar Social de entonces-.

En realidad, toda la legislación «S» había comenzado a trascender poco después que el gobierno anunciara su intención de hacerlas públicas. Para decepción de algunos, muchas de esas leyes constituyen una reliquia histórica cuya utilidad práctica hoy puede resumirse a servir de material para completar algunos datos sobre los gobiernos militares. Sólo algunas escapan a esa regla, aunque su utilidad se limite también a escrachar a beneficiarios militares de pensiones extraordinarias, establecer pagos especiales, dar poderes a funcionarios en conflictos bélicos o tomar financiamiento en el exterior para Defensa u obras de infraestructura.

Ayer, el Boletín Oficial continuó con la publicidad de esas leyes. Se supo así que en noviembre de 1972 el Estado tomó un préstamo por 17.250.000 dólares canadienses con la Export Development Corporation, destinado a financiar la compra de maquinarias a empresas también de Canadá para la apertura de una planta de pellets de hierro en Hierro Patagónico Sierra Grande Sociedad -Hipasam, que luego Carlos Menem transfiriera a la provincia de Río Negro generando una crisis en la región-. También se publicó ayer la ley de creación de enero de 1973 del Servicio Nacional de la Familia, un curioso «organismo de carácter descentralizado que ejercerá la conducción intermedia entre la Subsecretaría del Menor y la Familia y las unidades operativas de asistencia y protección a la Familia», como dice la ley, y que contaba con poderes demasiado amplios para gestionar los bienes que le fueran donados o puestos bajo su control.

Ascenso

El miércoles pasado, el Boletín Oficial dio a publicidad siete leyes secretas más, entre las que están la 19.992 de 1972 por el que se emitió un bono por u$s 5 millones a pedido de Jorge Wehbe, entonces ministro de Economía, con el que se instrumentó un convenio de préstamo con el Crocker National Bank de California.

También se conoció el ascenso post mórtem a contralmirante de Emilio Berisso. Otra ley que efectivizó un aumento temporario al personal de Seguridad y Defensa de la Policía Federal (custodios de funcionarios) y el otorgamiento de un plus salarial por «riesgo profesional», todo en uso de facultades otorgadas por el estatuto de la Revolución Argentina.

Entre las leyes S ya publicadas esta, por ejemplo, la 22.559 que autorizaba al presidente a «constituir teatros de operaciones y gobernaciones militares y designar a los respectivos comandantes y gobernadores militares en cualquier jurisdicción». Se firmó el 30 de marzo de 1982, dos días antes de la invasión a las islas Malvinas.

Más curiosa fue la Ley 22.215 que le permitió a la Policía de todo el país importar armas y equipos de seguridad para reequipamiento de las fuerzas sin pagar ningún tipo de arancel, «ley» que llevó la firma de Albano Harguindeguy, José Alfredo Martínez de Hoz y el contralmirante David De la Riva. Esta norma se usó en las décadas siguientes para equipamientos de las policías provinciales no sin conflictos con los proveedores locales.

Hubo otras normas que incrementaron gasto, en general hacia las Fuerzas Armadas, como la «S» 22.281 de setiembre de 1980 que incrementó en $ 712 mil millones el presupuesto de Defensa, a la que siguieron una decena de normas similares.

Dentro de las más curiosas están las que establecieron pensiones especiales en secreto, donde quizás el mayor atractivo de estas publicaciones sea ahora conocer a los beneficiarios. Como el caso del vicealmirante Carlos Alberto Lacoste que les otorgó mediante la Ley 22.474 una pensión vitalicia a Manuel García Argüelles y Enso Premoselli por un monto equivalente a cinco veces el haber mínimo.

En esa lista fueron premiados también Angel Atilio Gelain y Juan Santino Manuelides, para los que se dictaron leyes secretas especiales.

Reynaldo Ernesto Reed recibió una pensión aun mayor, equivalente a seis veces el haber mínimo, pero esta vez no fue Lacoste sino el entonces ministro de Acción Social, Adolfo Navajas Artaza, quien la firmó en 1982.

Fuera de esas leyes y las que sumaban mas fondos a las Fuerzas Armadas, ayer el Boletín Oficial abundó en la publicación de ese tipo de normas con otras como la que dispuso en 1975, una de las pocas sancionadas en democracia, el ascenso de Rufino Ocampo, chofer del vicealmirante Hermes Quijada vinculado con la matanza de Trelew y que fue asesinado en la Capital Federal en 1973 por un militante del ERP. Ocampo trató de defender a su jefe y en ese intento mató al agresor.

De esa época es otra ley secreta que dispuso en abril de 1973 el ascenso post mórtem del coronel Héctor Alberto Iribarren, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, un día después que se produjera su muerte en Córdoba. Como justificativo se lo consideró un «mártir en su vocación al servicio de la patria».

Otra de las normas publicadas ayer en el Boletín Oficial es la que en octubre de 1976 derogó las normas que facultaban a la CGE y a la CGT a «proponer la designación de miembros de los órganos de conducción pertenecientes a la Administración Pública centralizada o descentralizada».

También se conoció ayer la Ley 21.473 de diciembre de 1976, que autorizaba a personal militar a aceptar y usar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros, entre ellos a Orlando Ramón Agosti, miembro de la primera junta militar, y al comodoro Ricardo Degano.