Peronismo disidente denunció amenazas

Ramón Puerta

El peronismo comenzó ayer a reeditar viejas batallas tironeando ya por la propiedad del congreso del Partido Justicialista que deberá convalidar el apoyo al Frente para la Victoria y la candidatura de Cristina Kirchner. Adolfo Rodríguez Saá utilizó una cuidada puesta en escena en la sesión del Senado para reivindicar como único válido al congreso -en realidad no todos los congresales peronistas han sido convocados- que se organizó en San Luis, contra el ya anunciado para agosto que aún debe convocar formalmente el interventor del PJ, Ramón Ruiz, con el mismo fin, pero para nominar a Cristina Kirchner como candidata. El de San Luis intentará sesionar, aunque sea con 33% de los congresales, como permite la carta orgánica partidaria, y consagrar a un peronista no K como candidato. Detrás de esa epopeya están Ramón Puerta y el propio Carlos Menem, que concurrirá a San Luis. Ese es el único escenario que el gobierno no acepta: la validación de una fórmula antikirchnerista que utilice el sello del PJ, avalada por un congreso partidario, aunque después la Justicia tenga que decidir sobre su validez. Pero para que eso suceda, los rebeldes al kirchnerismo deben llenar aún demasiados requisitos.

La pelea comenzó ayer en el recinto con una advertencia de Liliana Negre de Alonso: «Queremos que se garanticen las libertades políticas en San Luis, que haya paz, nos sentimos afectados en nuestros fueros como legisladores, pero también como ciudadanos de la República Argentina».

Pocos entendían en ese momento lo que estaba sucediendo. Esa protesta, bajo la forma de una cuestión de privilegio, no estaba siguiendo, aparentemente, una sucesión lógica de hecho, pero el adolfismo buscaba otro efecto. Siguió luego con el recuerdo de «las dos bombas que pusieron en la Casa de San Luis y sobre las que aún estamos esperando respuesta de las autoridades federales» y, segundos después, un mensaje directo a la Casa Rosada, en la persona del operador Juan Carlos Mazzón: «Está preparando acciones en contra del congreso de San Luis, lo responsabilizo de cualquier hecho, disturbio o incidente que ocurra». Más tarde, Rodríguez Saá confiaba que le había pedido a Aníbal Fernández ayuda para garantizar la seguridad de esa reunión en San Luis.

Defensa

El primer round siguió con Miguel Pichetto, que intentó defender a Mazzón: «Siempre participó en las organizaciones de los congresos partidarios, y no creo que haya estado nunca en un acto de violencia».

«Respaldo el legítimo derecho que se lleve adelante la reunión de San Luis con las máximas garantías y paz», dijo, seguido por una sonrisa de Rodríguez Saá, «pero el gobierno no tiene responsabilidad sobre la seguridad en San Luis», cerró Pichetto, no sin antes pedir que las cuestiones de privilegio se utilizarán para otro tipo de conflictos.

Y el radical Ernesto Sanz no quiso quedarse afuera: «Les pido por favor que no trasladen la interna peronista al recinto».

Quizás sabiéndolo, le hizo un favor a Rodríguez Saá: «Esto no es interna, estamos discutiendo del artículo 38 de la Constitución nacional», donde se garantiza el normal funcionamiento y organización de los partidos.

«El congreso de San Luis será el verdadero congreso justicialista, y no el que el interventor partidario anunció para agosto», sentenció, y nadie en el recinto se atrevió a desmentirle esa paternidad peronista que reclamaba.

No es la primera vez que el Partido Justicialista, hoy intervenido y legalmente paralizado, termina con su congreso partidario dividido. La carta orgánica del Partido Justicialista establece un número mínimo de congresales nacionales para reunir quórum y comenzar a tomar decisiones. Pero transcurrido un lapso de tiempo, si esos dos tercios no se reúnen, el congreso puede comenzar a funcionar con 33% de sus miembros. «Puede haber a la misma hora dos congresos paralelos y que los dos sean legales. Si el congreso está autoconvocado, tiene los congresales y notifica a la Justicia, es válido», explicaba ayer un peronista especialista en armar mayorías en la Cámara de Diputados. Una vez que comience a sesionar, el congreso pasa lista a los congresales presentes (en San Luis necesitarán unos 300), y de ahí en más puede comenzar a tomar resoluciones, como viene sosteniendo el misionero Puerta en su estrategia de los últimos meses para birlar al gobierno el sello del PJ. Esas resoluciones pueden ordenar apoyar un frente electoral, como el FPV, delegar la autoridad para decidir candidatos o hasta aceptar varias fórmulas, como sucedió en 2003.

Ese tipo de conflictos no son nuevos en el peronismo. Algo así sucedió en diciembre de 1984, cuando el congreso del Teatro Odeon, liderado por Herminio Iglesias, José María Vernet y Lorenzo Miguel, bloqueó a toda la renovación peronista, con las pretensiones de Carlos Menem incluidas, en la elección de autoridades partidarias.

Cuando todavía estaba en vigencia ese congreso, la Renovación convocó a otro en Río Hondo, Santiago del Estero, en febrero de 1985 con Menem, Antonio Cafiero y José Luis Manzano, que también cumplió con todos los requisitos legales y abrió la puerta para el recambio dentro del PJ.