Peronistas porteños se unen ante la amenaza

"No aceptamos el traspaso de los servicios sin financiamiento", replicó el secretario de Hacienda porteño, Miguel Pesce, a funcionarios del gobierno nacional que le sugirieron que la Capital Federal se hiciera cargo del costo de la Policía y la Justicia del distrito. Los gobernadores peronistas, con el amague -idea que avanza en el gobierno nacional- de trasladar la Policía y la Justicia a la Capital Federal sin los recursos presupuestarios, tal como anticipó este diario, provocaron la reconciliación entre dos dirigentes enfrentados en el distrito y la reacción de funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra, que se protegen en la letra de la Constitución sin contraoferta.

Daniel Scioli y Gustavo Béliz se reunieron ayer a la mañana por primera vez, tras las elecciones de octubre pasado en las que compitieron en listas diferentes, uno por el PJ oficial de la Capital Federal y el otro por Nuevo País en sociedad con la actriz Irma Roy, de quien ya se distanció.

El diputado nacional y el aún postulante a senador porteño, coincidieron en abarcar juntos temas de la Ciudad, aunque los espera una interna del distrito en la que podrían continuar ahora en comunión de ideas, a pesar de que Béliz rechazó integrar una boleta electoral del peronismo en la que estuviera Scioli.

El legislador porteño Mario «Pacho» O'Donnell ofició de mediador en el encuentro que concluyó con declaraciones que firmaron los tres contra el traspaso de la Policía Federal a la Capital sin presupuesto y por la derogación del Código Contravencional de la Ciudad. Luego, el resto del bloque PJ unificado de la Legislatura porteña suscribió el documento en el cual Scioli y Béliz aseguran que discutir el traslado de la Policía y la Justicia «en el marco de la actual crisis es responsabilidad de una falta de política de seguridad del Gobierno de Ibarra, que ha mantenido una inacción absoluta como parte de la Alianza en estas cuestiones básicas y que se ha negado a derogar el Código de Convivencia».

• Saqueo

De la Alianza, salió a responder la afortunada Vilma Ibarra (se quedará 6 años en su banca de senadora), hermana del jefe de la Ciudad, quien consideró «un saqueo» a los porteños la transferencia de los servicios de Policía que costarían $ 500 millones.

Ibarra, Aníbal, de minigira por Chubut, delegó en su jefe de Gabinete, Raúl Fernández, la difusión de la conocida postura de la Capital con respecto al tema. Esto es repetir que la Ciudad de Buenos Aires está fuera de la ley de coparticipación y no recibe suma por ese concepto, excepto un fijo de $ 157 millones que representa 1% de los impuestos que se recaudan en el distrito.

Por otra parte, se recordó que la Constitución establece que cuando se trasladen servicios a la Capital, se hará con la correspondiente partida presupuestaria.

De todos modos, la Ciudad no puede tener Policía ni Justicia propias hasta que se modifique o derogue la llamada ley Cafiero, que acotó la autonomía porteña. El gobierno nacional, a través de Domingo Cavallo, se había comprometido con Ibarra a enviar un proyecto propio al Congreso para modificar la norma, pero hasta ahora la única palabra informal que recibieron los funcionarios de Ibarra fue que quizá se transfirieran solamente los fueros judiciales.