«Hay que parar con los juicios políticos hasta que entre en funcionamiento el nuevo Consejo de la Magistratura y esté listo el Tribunal de Enjuiciamiento ad hoc.» La recomendación al consejo de jueces tronó en la garganta de uno de los embajadores del kirchnerismo. Ocurrió el jueves pasado. Después de esa observación, Carlos Kunkel, ex jefe político de los Kirchner en la época de militancia universitaria, abandonó el plenario de consejeros sin sostener la acusación contra una jueza a quien responsabilizó de trabajar para el almirante Emilio Massera en el desapoderamiento de bienes de detenidos desaparecidos.
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La actuación de Kunkel tiene una explicación. El gobierno pretende que la «lista negra» de jueces ranqueados para ser echados de la Justicia tenga vida hasta julio. Después de ese mes clave «todo tiene que empezar de cero», porque en noviembre arranca el nuevo Consejo de la Magistratura ideado por Cristina Kirchner.
La definición es importante porque la administración Kirchner no está interesada en repetirla experiencia del jury a Aníbal Ibarra, que en el caso Cromañón discutió durante meses si el juzgamiento del alcalde le correspondía a la vieja o a la nueva composición política. Recuérdese que el proceso de enjuiciamiento de Ibarra sucedió cuando se producía el recambio político en la Legislatura porteña.
Al contrario de esta situación, Kirchner pretende que todos los procesos iniciados contra los jueces venzan al término del mandato de los miembros del jurado, para impedir que éstos continúen en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del juicio político de un magistrado.
La otra herramienta de la que hará uso el Ejecutivo es aceptar la renuncia de los jueces postulados para ser llevados a juicio. De este modo, acelera los tiempos y evita dejar en manos del jurado de enjuiciamiento la decisión sobre qué juez debe permanecer en su cargo y cuál no.
«Doctor, el gobierno le va a ahorrar trabajo al jury. Va a aceptar la renuncia de varios jueces», le comentó entre susurros el representante del Ejecutivo, Joaquín Da Rocha, a un miembro del tribunal de enjuiciamiento.
Además de María Marta García, acusada por Kunkel, en la lista de los acusados figura el nombre de otros cuatro jueces señalados por supuesto mal desempeño de sus funciones.
Están suspendidos y listos para el cadalso el juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, a quien se le aceptará la renuncia porque alegó razones de salud. Le sigue el juez federal de Zapala Rubén Caro, con fecha de juicio para fines de junio o la primera quincena de julio. Y en carpeta la situación del juez federal de Tucumán, Felipe Terán, y el camarista civil, Carlos Degeorgis.
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