Piden aplicar la Ley de Defensa de la Democracia

Política

El nivel de confusión y reacción popular que hace efervescencia en el interior y que en los últimos días tuvo como destinatarios a varios intendentes y hasta algunos gobernadores, motivó que medio centenar de jefes comunales de Entre Ríos reclamaran la aplicación de la Ley de la Defensa de la Democracia, sin perjuicio de otras tipificaciones penales.

De esta manera, los caciques alineados con el gobierno justicialista de Sergio Urribarri expresaron además su solidaridad con los intendentes agredidos y amenazados durante el conflicto agrario.

En un comunicado difundido en esta provincia, los intendentes municipales coinciden en que esos manifestantes «se han pasado de la raya, pretenden confundirse con productores y se han atrevido a dar el salto de violencia, que es el límite admisible de la protesta democrática».

«Los intendentes justicialistas somos ciudadanos comprometidos con nuestros pueblos, y nadie tiene reproches serios para hacernos como gobernantes», advierten, e insisten en que tienen derecho a «permanecer firmes junto a nuestro gobierno, sin por ello ser objeto de malos tratos y patoteadas».

Los jefes comunales reclamaron también a la Justicia provincial que «actúe cuando ocurren estas agresiones» y mencionaron las amenazas y la violencia ejercida contra los intendentes de Victoria, César Garcilazo; de Crespo, Juan Carlos Brambilla; de La Paz, José Nogueira; y de Gualeguaychú, Juan José Bahillo.

  • Denuncia

    Pero no sólo en Entre Ríos los intendentes han sido víctimas de la embestida de los productores. Por caso, Jorge Barraquia, jefe comunal de Trenque Lauquen (Buenos Aires), denunció que un grupo de manifestantes intentó el fin de semana prenderle fuego a su casa, pero que logró disuadirlos disparando un tiro al aire.

    «Está todo filmado y los que intervinieron fueron denunciados», dijo Barraquia, al tiempo que aseguró: «A mí no me molesta que me hagan escraches».

    Volviendo al caso de los intendentes entrerrianos, en el comunicado difundido ayer denunciaron también «la acción de políticos opositores que, ocultos tras supuestos roles de productores o transportistas, causan estragos y pretenden generar caos en las rutas poniendo en riesgo vidas humanas e impidiendo el normal abastecimiento de bienes indispensables para nuestras comunidades». Sostienen que esos individuos «están generando condiciones para que la violencia que despliegan cause desgracias, para presentarse posteriormente como víctimas».

    Si bien asumen que «protestar es un derecho, así como también hacer un lockout y no comercializar productos dentro de las normas vigentes», consignan que también es un derecho que quien quiera trabajar también pueda hacerlo.

    Desde que se inició el conflicto con el campo, varios funcionarios fueron blanco de agresiones por parte de ruralistas, entre ellos los gobernadores Jorge Capitanich, del Chaco; José Alperovich, de Tucumán; Sergio Urribarri, de Entre Ríos, y hasta Karina Rabolini, esposa de Daniel Scioli.
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