La Aduana pidió que el ex presidente Carlos Menem sea condenado a la pena de cinco años de prisión por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador que tuvo lugar durante su gobierno.
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En su rol de querellante en la causa, la Aduana reclamó esa pena contra el ex presidente al culminar su alegato ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE 3).
En ese marco, también pidió que Emir Yoma sea condenado a cuatro años de cárcel, como partícipe necesario de la figura de contrabando agravado por tratarse de material bélico.
A su vez, consideró que el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el supuesto traficante de armas Diego Palleros también deberían ser condenados a una pena de cinco años de prisión.
El abogado de la Aduana, Carlos Lobos, pidió además una pena de cuatro años para el brigadier Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea, y también para Enrique de la Torre, ex director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para todos los acusados, el abogado reclamó la inhabilitación perpetua para ser agentes de fuerzas de seguridad, el doble de la condena que reciban para ejercer cargos públicos y los años de pena que se les asignen para emprender actividades de comercio.
En su caso, la querella sólo pudo alegar por seis de los 18 imputados puesto que intervino una vez comenzado el proceso y sólo requirió juicio por éstos.
El abogado Lobos dijo en su alegato que "a esta altura no resulta controvertido que Menem firmó los decretos para que el material se exportara".
"Los decretos (firmados por Menem) fueron idóneos para sustraer el control de la Aduana de la exportación", aseguró Lobos, quien consideró que por aquellos años la Argentina estaba "alineada a la Casa Blanca" y a "Washington" en los planes militares que emprendía ese país.
"Una sola firma podía autorizar la operación, y ese era el entonces presidente de la Nación", añadió ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 (TOPE3).
Por ello, para el querellante se "ha acreditado la participación de funcionarios públicos" en la exportación ilegal de armas.
Respecto al ex ministro de Defensa Oscar Camilión, otro de los imputados, el representante de la Aduana dijo que la imputación es por resultar "coautor" del contrabando ilegal.
Además, dijo que Camilión había sido anoticiado por el entonces jefe de la Fuerza Aérea Juan Daniel Paulik (también imputado) de la operación de venta de material bélico que fue exportada mediante transporte aéreo. En la audiencia de este martes, que arrancó pasadas las 14:00 estuvo en los primeros minutos el ex ministro de Seguridad y actual fiscal federal Carlos Stornelli, quien fue el que realizó la instrucción de la causa.
Además de Menem y Camilión, están siendo juzgados Emir Fuad Yoma, ex asesor presidencial; Juan Daniel Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea; María Teresa Cueto, ex verificadora de Aduana; Luís Agustín Sarlenga, ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y Enrique de la Torre, ex Director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También el ex director de Coordinación Empresaria y del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; los ex directores de la DGFM, Manuel Cornejo Torino y Julio Jesús Sabra; el ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, Jorge Cornejo Torino; el ex gerente de Comercialización de la DGFM, Haroldo Luján Fasari; el ex gerente de comercialización de Productos Militares, Carlos Alberto Núñez y el ex director de Coordinación de la DGFM, Edberto González de la Vega.
Los otros acusados son la ex jefa de Abastecimiento y Comercio Exterior de la DGFM, Teresa Irañeta de Canteiro y los ex directores de producción de la DGFM Carlos Jorge Franke y Ángel Daniel Vicario.
El juicio continuará el próximo martes con el alegato que harán los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera, quienes ocuparán entre cinco y seis jornadas de debate para tal fin.
El juicio por la supuesta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador comenzó el 16 de octubre de 2008, y el veredicto se dará a conocer el año próximo, puesto que además del alegato de la fiscalía restan el de los 18 imputados, entre ellos el ex presidente Menem.
La operación de venta de material bélico tuvo lugar entre 1991 y 1995, incluso habría sido realizada pese a que esos países (Ecuador y Croacia) tenían vedada la compra de armamentos por estar en conflicto bélico y la Argentina ser garante de paz de las Naciones Unidas.
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