En el Gobierno porteño aducen que la sanción demorada de una ley que permita a las empresas contratistas de la Ciudad de Buenos Aires aumentar sus precios estaría entorpeciendo la prestación de los servicios en la Capital Federal. Al menos ésa es parte de la excusa, que se expone ante el deterioro del distrito, donde se suspendió gran cantidad de obras públicas, entre ellas las reclamadas reparaciones de veredas y asfalto, pero también hay malestar con la recolección de la basura. La mora en la organización del propio gobierno, con las designaciones correspondientes de subsecretarios y directores, dificultaría más la resolución de innumerables temas de gestión, entre ellos la obra pública y el mantenimiento de luminarias.
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El jefe de Gobierno, Jorge Telerman, admite que la Ciudad está sucia y dice que quiere renegociar con las concesionarias del servicio otros términos porque no le conforman los actuales, pero las montañas de bolsas de basura a toda hora comienzan a formar parte del paisaje porteño.
Uno de los motivos es el aumento de sueldo ganado por Hugo Moyano para los camioneros, lo que hace más caro el trabajo de las recolectoras de residuos domiciliarios. Sin embargo, la nueva modalidad de contrato obliga a las firmas a mantener su «zona limpia», método que desplazó al pago por tonelada de basura levantada y que en principio parecía más conveniente para las recolectoras y a los vecinos les aseguraba la limpieza de las calles y de los papeleros que, como parte de los contratos, se instalaron en los barrios de la Ciudad.
Ante el proceso inflacionario, el destituido Aníbal Ibarra había redactado un decreto de necesidad y urgencia que establecía un régimen de redeterminación de precios, pero la Legislatura no lo refrendó (cuando eso ocurre, en la Ciudad de Buenos Aires los decretos pierden vigencia).
Telerman estudia un proyecto de ley que en forma general garantice a las empresas la posibilidad de un acuerdo rápido en caso de mayores costos y una readecuación de precios, pero la falta de bloque propio o de uno que asuma ese rol, por ahora, demora la sanción.
Hasta que el ministro de Hacienda, Guillermo Nielsen, no termine de armar su equipo -ayer recién nombró un subsecretario- no se daría curso a las conversaciones con la Comisión de Presupuesto que preside el kirchnerista Juan Manuel Olmos para empezar a acordar la ley.
La demora haría padecer a los vecinos; el freno a las obras de pavimentación y reparación de veredas se agregaría a las decenas de licitaciones que se dieron de baja ante la retirada de los ex secretarios de áreas diversas y a las propias sobre las que puso la lupa Telerman.
La tardanza en armar el staff completo del gobierno, con cerca de trescientos puestos de mando, a la vez comenzó a sentirse en otras dependencias. Es el caso, por ejemplo, de Rentas, donde algunos contribuyentes se acercan para regularizar su situación en función de obtener un libre deuda y no pueden hacerlo porque «no se están imprimiendo las boletas», según les dicen en las ventanillas y aducen esa falta a «problemas políticos».
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