El fiscal federal Franco Picardi pidió este viernes que se realice una amplia fiscalización sobre las empresas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, en el marco de la causa por la cual se sospecha que la primera de ellas pagó sobornos a funcionarios argentinos para acceder a la licitación del soterramiento del tren Sarmiento.
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Según Picardi, los sobornos efectuados para que la empresa Odebrecht y sus vinculadas obtuvieran contratos de obra en el país, "pudieron tener origen en fondos correspondientes a las empresas locales".
El pedido fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, junto con el fiscal Sergio Rodríguez, para que la fiscalización la realicen la Inspección General de Justicia, la AFIP, y contadores de las fuerzas de seguridad.
En la causa están imputados el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y su exasesor Manuel Vázquez, aunque se investiga también a las máximas autoridades del Ministerio de Planificación que condujo Julio De Vido durante el anterior gobierno.
Ésta es una de las causas por la que replicó en Argentina el escándalo brasileño de Odebrecht, ya que fue la propia empresa la que reconoció haber pagado 35 millones de dólares entre 2007 y 2014 en el país.
Picardi advirtió que la Inspección General de Justicia llevará adelante un proceso de fiscalización de la empresa Odebrecht, por lo que pidió al juez que haga extensiva la labor a las demás empresas del consorcio que intervino en el soterramiento del tren Sarmiento y que se haga entre 2006 y 2015.
"No puede descartarse que los sobornos guarden una correlación, aunque simulada, en los asientos contables y documentación de respaldo", sostuvo el fiscal, quien justificó la fiscalización en que "podría dar con elementos de importancia para el esclarecimiento de los hechos".
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