Piden indagar a De Vido y directivos de Odebrecht por presuntos sobreprecios

El pedido de indagatorias hecho por Delgado es por el delito de defraudación a la administración pública y en tanto, evalúa acusar por el de cohecho aunque reconoce Delgado que "hay certezas" por los propios dichos de Odebrecht pero no prueba firme al respecto.

El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria del ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional, Julio De Vido, entre otros imputados, en el marco de una causa por presuntos sobornos de la constructora Odebrecht para acceder a obras de ampliación de gasoductos.

El pedido de indagatorias hecho por Delgado es por el delito de defraudación a la administración pública y en tanto, evalúa acusar por el de cohecho aunque reconoce Delgado que "hay certezas" por los propios dichos de Odebrecht pero no prueba firme al respecto.

En ese sentido, además de De Vido pidió citar al exsecretario de Energía Daniel Cameron; al extitular del Ente nacional del Gas Fulvio Madaro; exvicepresidente de Cammesa Luis Beuret; Néstor Ulloa de Nación Fideicomisos, de directivos de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur; y de Márico Faría Silva, apoderado de Odebrech: en total unas 16 personas.

De Vido levantó el guante y por la noche respondió al pedido de indagatoria de Delgado con un posteo vía Facebook en el que se refirió a la actuación de su Ministerio: "Quiero decirle que todas las obras se hicieron honestamente, porque la administración de los fondos públicos requiere de una estructura administrativa que aporte racionalidad a la utilización de los mismos, tanto en su faz de gestión como de control y que en ambas aéreas intervienen muchos funcionarios y personal administrativo comprometido con la tarea que presta. A menos que el fiscal suponga que una sola persona pueda llevar adelante la gestión y define a su antojo".

Además, le solicitó al fiscal que se aparte inmediatamente de todas las causas en las que esté implicado: "Señor Fiscal, apártese ya mismo de la investigación de cualquier causa en la que pueda yo estar siquiera mencionado con nombre y apellido. No puede ser titular de la vindicta pública ninguna persona tan oscura y siniestra como para redactar y difundir un panfleto sin sentido, seguramente político y pago".

En 2005 y para el período 2006 y 2008, Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) lanzaron concursos abiertos para hacer las ampliaciones en la distribución de gas que comprendían cañerías paralelas y la instalación de plantas compresoras.

Según consta en el expediente, los costos de las obras fueron previstos en 924 millones de dólares para TGN y 1422 millones de dólares para TGS.

Ambas firmas contrataron a las empresas Albanesi SA y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) para realizar las obras y a su vez éstas subcontrataron a Odebrecht.

El fiscal Delgado evaluó que en el 2004 la administración de fondos públicos para realizar obras fue delegada al entonces Ministerio de Planificación Federal cuyo titular era De Vido, y el cual "se caracterizó por actuar sin ser vigilado por órganos de control eficientes, lo que le permitió contar con un margen de actuación muy amplio".

En ese sentido, el fiscal explicó que fue el decreto 180 del año 2004 firmado por Néstor Kirchner que creó el régimen de Inversiones de Infraestructura Básica de Gas durante el Proceso de Normalización del Servicio Público y del mercado eléctrico la herramienta.

El decreto creó un nuevo sistema para el gasto de fondos públicos en obras y que el mismo -según el fiscal- "disolvía cualquier tipo de control, concentraba el poder "constituyente" en el Ministerio de Planificación; establecía ingeniosos mecanismos para conseguir financiamiento y evitar las restricciones del default; abría la obra pública a actores privados que funcionaban como brazos ejecutores de las autoridades públicas; y también inauguraba el sistema de fideicomisos".

Incluso Delgado evaluó que el sistema de fideicomiso "garantizó" controles limitados más aún y que permitió realizar licitaciones arregladas con participación de pocas empresas.

"Se disfrazó un gran segmento de la obra pública en privada. Por tal razón, no se trató de negocios entre privados, sino que el Estado fue creador y partícipe de la puesta en marcha de toda la maquinaria de funcionamiento de las contrataciones de la obra pública en el país", según la fiscalía.