El radicalismo puso la lupa ayer sobre los subsidios que el gobierno otorga al sindicato de camioneros en relación con la responsabilidad que le cabe a Hugo Moyano en la violencia desatada el martes pasado en la quinta 17 de Octubre.
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Los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales reclamaron al gobierno que informe sobre los subsidios otorgados a los gremios para asegurarse que no estén siendo destinados a «fomentar las patotas». El argumento era casi obvio y, a la vista de lo que pasó en San Vicente, había quedado servido en bandeja a la oposición.
A través de un proyecto presentado en el Senado, los radicales preguntaron al gobierno a cuánto ascienden los subsidios, transferencias y cualquier otro concepto que se haya destinado a organizaciones gremiales entre 2003 y 2006, y qué control se hizo sobre esos fondos. El transporte fue sin duda el gran beneficiado de la política de subsidios del gobierno y el sindicato de los camioneros ha recibido ayudas que van desde fondos especiales para profesionalización, hasta parte del ferrocarril Belgrano Cargas.
Los dos radicales relatan en el pedido de informes que «pudo observarse la violencia más descarnada por las peleas, pedradas y hasta balazos que dejaron medio centenar de heridos entre inconfundibles militantes de gremios, quienes acompañaban a sus referentes sindicales y vestían camisetas y pecheras identificatorias de su filiación».
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