Piden que Pontaquarto pase a la clandestinidad

En una inaudita decisión, un fiscal dictaminó ayer a favor de que el «arrepentido» Mario Pontaquarto sea incluido en un programa especial de Protección de Testigos.

Supone que la vida del «valijero» corre peligro después de la confesión que sirvió para que el juez Daniel Rafecas decidiera el procesamiento de dos funcionarios del gobierno de la Alianza, de seis ex senadores y el llamado a indagatoria del ex presidente Fernando de la Rúa.

La rara resolución fue adoptada por el fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes a pedido de Rafecas. Lo extraño no es la decisión judicial, sino la oportunidad.

Desde el momento en que el ex secretario parlamentario decidió hablar (porque ya no podía mirar a sus hijos a los ojos) pasaron más de 600 días. Durante ese tiempo, Pontaquarto fue la vedette de todos los medios de comunicación. Incluso, se dedicaba a asesorar al periodismo sobre la importancia o la invalidez de una medida dictada por el juez que llevaba adelante la pesquisa.

El otrora hombre fuerte del Congreso se confesó en diciembre de 2003 responsable del pago de una coima de 5 millones de dólares a senadores para que aprobaran la ley de reforma laboral que, por entonces, requería con imperiosa urgencia el gobierno del radical De la Rúa.

Casi al instante de pasar por el despacho del juez Norberto Oyarbide -el primero en intervenir en el caso de los sobornos en el Senado-, el secretario parlamentario gozó del privilegio de una custodia especial que se mantuvo y se mantiene por estas horas. En total el Estado gastó cerca de 17 mil horas y el esfuerzo de cuatro hombres por día para darle protección a una persona que se autoacusó y admitió que cometió un delito.

Quienes lo custodian (« culatean», en el argot policial) suelen quejarse a sus jefes de la Federal porque Pontaquarto sale disparado a cualquier hora del día y le imprime tal velocidad a su vehículo que hace imposible tener un control sobre él.

Ayer el fiscal general Moldes consideró que la confesión realizada por el ex secretario parlamentario sobre el pago de coimas podría generarle-«peligro o intranquilidad», por lo que aconsejó su consideración como testigo protegido.

Incluso, estimó que la aplicación del sistema a Pontaquarto podría contribuir a que otros imputados puedan prestar colaboración en la investigación y quedar amparados en el régimen de protección estatal. Y fue más allá, al destacar en su resolución la actitud de Pontaquarto porque «desenmascaró» a los autores y partícipes de la maniobra, es decir los ex senadores y ex funcionarios de gobierno.

«Propicio esta inclusión como acción demostrativa de la voluntad estatal de proteger a quienes colaboran activamente en la tarea de los jueces», sostuvo el fiscal al brindar conformidad a la inclusión de Pontaquarto en el programa creado por la Ley 25.764.

Afortunadamente, el fiscal tuvo el cuidado de aclarar que Pontaquarto «no es técnicamente un arrepentido». De haberlo hecho hubiera gestado un mal precedente, porque esa figura hubiera sido utilizada por delincuentes para ampararse y beneficiarse una vez que son atrapados por la ley.