Piden que se declare inconstitucional el decreto de Macri que avala los desalojos en inmuebles públicos
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Según el legislador, "el Estado tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas destinadas a las personas afectadas por la crisis habitacional y las respuestas estatales a esta situación de emergencia son centrales para determinar el nivel cumplimiento de las esenciales obligaciones jurídicas a su cargo".
Por ello, le reprocha a Macri que previamente "debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias sociales derivadas de su propio accionar".
"Al impulsar el desalojo, sin prever un destino cierto para guarecer temporalmente a sus destinatarios, se obra con suma imprudencia, poniendo en riesgo la vida de la población más vulnerable, niños, enfermos, etc", añadió.
Para Di Filippo, "la crisis habitacional que presenta la Ciudad constituye uno de los problemas más graves de la metrópoli que requiere un urgente diseño e implementación de políticas públicas definidas"
En su presentación, citó un informe de la Defensoría del Pueblo local, en el cual se estima el cual estima que entre el "15 y 20 por ciento de la población de la Ciudad se encontraba en una situación habitacional deficitaria" entre los años 2001/2002.
"Hoy se estima que más de medio millón de personas tienen problemas de vivienda en la ciudad, esto significa que, o habitan viviendas en malas condiciones, barrios informales y asentamientos, o directamente no acceden a ningún tipo de vivienda", concluyó.
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