PJ impulsará comisión para investigar giros al exterior

El diputado justicialista Eduardo Di Cola (Córdoba) presentó hoy un proyecto para crear en el ámbito de la Cámara Baja una comisión especial investigadora de análisis, investigación y evaluación de transferencias de fondos realizadas al exterior durante el 2001, por parte de "personas físicas, empresas o de existencia ideal".

La iniciativa es una directa respuesta al anuncio formulado por Eduardo Duhalde en el discurso que dirigió a la Asamblea Legislativa al momento de asumir como Presidente, cuando prometió que "quienes hayan robado el dinero de la gente y quienes no hayan controlado a los que robaron, irán presos".

Por eso, el proyecto no sólo abre la posibilidad de una investigación parlamentaria de la fuga de fondos sino que también habilita a la comisión a evaluar "si lo organismos de control a cargo de la fiscalizaión de operaciones financieras monetarias, tanto públicas como privadas, han cumplido debidamente con sus
funciones".

Esencialmente, el control y fiscalización del sistema financiero está a cargo del Banco Central de la República Argentina, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras.
 
Al respecto, Di Cola señaló que la crisis política, económico y social que vivió la Argentina en los últimos meses es "fundamentalmente producto de una política financiera y bancaria realmente calamitosa".

Según el diputado delasotista, en la implementación de esas medidas "pueden haberse configurado no solamente errores, sino también conductas merecedoras de un pormenorizado análisis a fin de determinar su criminalidad delictual".

"Tenemos la convicción de que, frente a los graves conceptos vertidos por Presidente, no podemos menos que tomar la iniciativa de investigar los hechos y aportar sus resultados para que, llegado el caso, se someta a los responsables a la acción de la Justicia y se les exiga las reparaciones del caso", agregó.

En cuanto a la investigación sobre la salida de fondos al exterior, la comisión tendría la misión de determinar en cada caso analizado con qué fines fueron remitidos los dineros fuera del país.

Así, se pide establecer si los fondos en cuestión fueron afectados al pago de obligaciones a terceros o a garantías de créditos, y si para formalizarlas se cumplió con todos los requisitos legales exigidos al momento de su realización, tanto en lo que respecta a la identificación jurídica como al destino final
de las transferencias.

La resolución también propone determinar si los fondos correspondían a depósitos de ahorristas y si, en su reemplazo, los depositarios contaban con garantías suficientes para afrontar el reintegro de los fondos recibidos, en las condiciones pactadas con los depositantes.

De acuerdo al proyecto, la comisión investigadora deberá integrarse con un mínimo de siste y un máximo de once diputados nacionales, que deberán ser propuestos por los bloques políticos y designados por el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño (PJ-Buenos Aires).

Asimismo, se aplican las facultades que tuvo durante su trabajo la comisión especial que investigó las supuestas maniobras de lavado de dinero.