Prepara Kirchner "maquillaje" laboral para aplacar a Moyano

La estrategia oficial respecto de la derogación de la Ley Nº 25.250, conocida como «Ley Flamarique», fue definida el lunes por la mañana, durante una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete Alberto Fernández y Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. Durante ese encuentro, que se realizó con la excusa de completar algunos detalles de los decretos sobre política salarial que se anunciarían esa noche, se terminó de resolver lo que los funcionarios venían imaginando durante el fin de semana: no precipitar la discusión laboral en enero, evitar el decreto de necesidad y urgencia para derogar la ley Flamarique, y ocupar en el debate la posición del centro, sin ceder por completo a las presiones de Hugo Moyano y Víctor De Gennaro para volver atrás con las innovaciones que se introdujeron en el derecho laboral durante la década de 1990.

Como adelantó este diario, los funcionarios temen que el avance sindical sobre la legislación del trabajo termine afectando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco quieren quedar identificados con una ley impugnada desde el punto de vista ético desde que Mario Pontaquarto confesó sus peripecias de valijero primero ante el propio Fernández y más tarde en el juzgado de Norberto Oyarbide. Por eso en el despacho del jefe de Gabinete se decidió avanzar hacia una derogación-maquillaje: es decir, eliminar de la ley Flamarique el criterio según el cual un convenio de empresa o región puede prevalecer sobre uno que involucra a toda una actividad; y reponer el principio de ultraactividad por el cual los convenios colectivos se renuevan automáticamente si una de las partes se niega a participar de una paritaria.

Este diseño promete irritar a dos amigos del gobierno. Uno, el grupo Techint, que fue el principal impulsor de la descentralización de la negociación entre empleadores y empleados, para emanciparse de la captura de la UOM sobre el convenio siderúrgico de SOMISA.

• Despecho

El otro amigo despechado y por cierto más agresivo, será Moyano. El no se contenta con un retoque sobre la ley Flamarique. Pretende, como anticipó este diario, cambiar las vigas maestras de las reformas laborales que se llevaron adelante en los '90, esto es, el contrato por tiempo determinado (denominado «período de prueba») y el sistema indemnizatorio, que se volvió menos gravoso para los empleadores. Moyano, inspirado en su laboralista de cabecera, Héctor Recalde, quiere limitar el período de prueba a 3 meses (es decir, que no pueda ampliarse a 6 meses o un año, como prevé hoy la legislación para grandes y pequeñas empresas) y calcular la indemnización con arreglo a las leyes de los años '50, computando un mes de sueldo por año de servicio o fracción superior a tres meses (se volvería así a 1974).

Frente a las exigencias de Moyano, la premisa inicial de Fernández y Tomada fue tratar de evitar que la discusión laboral adquiera demasiado volumen en enero y febrero, mientras se discute el cumplimiento de las metas económicas para ratificar la refinanciación de u$s 3.000 millones que vencen en marzo. En segundo lugar, los funcionarios creen que el gobierno no debe quedar atrapado por las presiones de Moyano. Ahora querrán multiplicar los interlocutores, abriendo el juego a la CGT de Rodolfo Daer. Esta jugada implica una derrota para el jefe de Gabinete Fernández: final-mente los movimientos de mayor realismo de su adversario interno, Julio De Vido, quien abrió la puerta a «los gordos» hace ya un mes, resultaron acertados y terminarán salvándolo a él de su flamante inclinación por el izquierdismo. En efecto, los aliados porteños del jefe de Gabinete, como Claudio Lozano o Miguel Bonasso, pretenden lisa y llanamente anular la ley laboral, no sólo derogarla. Se basan en el antecedente de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como si fuera equiparable la violación a los derechos humanos al problema de la indemnización por despido. Como sucede siempre con la izquierda, su fragmentación modera su virulencia: Lozano fracasó en su proyecto de armar un bloque pan-progresista, impugnado por Bonasso y por el metalúrgico Francisco «Barba» Gutiérrez. Desencuentros de la transversalidad porteña que se muestra, en cambio, idílica en otros aspectos.

• Poco margen

Fernández aceptó prudentemente los argumentos de Tomada. El ministro de Trabajo no tiene demasiado margen para innovar. Cuando estaba en la actividad privada como asesor de sindicatos, inspiró al entonces diputado Gerardo Martínez (UOCRA) en sus mode-rada objeción a la reforma laboral de De la Rúa. También la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, prestó sangre intelectual a esa postura, que se cifró en un dictamen de minoría opositor a la norma, presentado por Martínez (la mayoría de los peronistas de la comisión, en cambio, votó la ley aunque con disidencias). Tomada y Rial navegan ahora por la franja del promedio en esta discusión: ligados desde siempre a los «gordos» del sindicalismo, fueron parte del esquema montado por Carlos Menem para relacionarse con los gremios cuando se desempeñaron como directores de la ANSSAL de Guerino Andreoni en los '90. La ANSSAL era la mega-caja de las obras sociales, desde donde se distribuían los subsidios a los sindicalistas.

Para sofocar cualquier estridencia, la iniciativa de Tomada -según le informó a Fernández- fue iniciar la semana próxima una ronda de consultas con las distintas centrales obreras y sectores cuya opinión puede ser calificada. Mientras lo hacen, el ministro y la secretaria Rial harán guiños a la CGT de los «gordos» para moderar cualquier reformismo. Tratarán de no avanzar sobre el régimen indemnizatorio o sobre el período de prueba, que no son materias de la ley que quieren derogar. En cuanto a la negociación colectiva y la ultraactividad, Tomada se abrazará a la Ley 23.545, de la gestión Raúl Alfonsín/Ideler Tonelli, en la que él tuvo también participación como laboralista. Si alguien objeta esta vuelta atrás, el ministro y su secretaria dirán, seguramente, lo que sostienen todos los defensores del régimen anterior al «híbrido» aprobado durante la gestión De la Rúa: «Las empresas pedían la derogación de la ultraactividad, pero, cuando la consiguieron, no pidieron en ningún caso cambiar de convenio colectivo; saben que los de 1975 son suficientemente plásticos como para negociar hacia la baja. Con otros nuevos, en cambio, nadie sabe qué ocurriría».