Presión final de gobernadores PJ para que les envíen fondos

Carlos Reutemann encabezó ayer la presión de los gobernadores del PJ para que les regularicen a las provincias el envío de fondos.

Los gobernadores intimaron ayer a Eduardo Duhalde en Olivos para que les reponga el envío de fondos coparticipables a las provincias. El propósito es lograr mantener un piso a partir del cual elaborar sus propias estimaciones de gastos e inversiones.

Los mandatarios del peronismo fueron llegando a la residencia de Olivos a partir de las 18, alguno antes, convocados por el Presidente, con el objetivo de avanzar en los puntos que habían acordado en forma previa, en un encuentro realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Allí terminaron coincidiendo en presentar tres alternativas para que el gobierno nacional no recorte fondos a las provincias: dos de ellas implican mantener el piso de giros mensuales en $ 1.364 millones -menos 13 por ciento acordado el año pasado en otro pacto fiscal-, con la revitalización del Fondo Fiduciario o el envío de LECOP cuando la recaudación no resulte suficiente. Una alternativa que ya les fue anticipada tanto por el jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, como por el titular de Economía, Jorge Remes Lenicov.

La tercera alternativa que se tiró sobre la mesa es pedir que se amplíe la coparticipación de gravámenes nacionales como el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) -impuesto al cheque-, que es de alta cobrabilidad. Esta última instancia fue la que los gobernadores han denominado «participar en todos los impuestos», cuando en el último pacto fiscal renunciaban a él hasta el año 2031.

Esas evaluaciones fueron realizadas en un encuentro que se prolongó por más de tres horas en las oficinas del CFI, con el objetivo de unificar la postura de los mandatarios del PJ. Del encuentro participaron Felipe Solá (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Carlos Reutemann (Santa Fe), Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego), Rubén Marín (La Pampa), Juan Carlos Romero (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Rovira (Misiones), Carlos Díaz (Santiago del Estero), Alicia Lemme (San Luis), Eduardo Fellner (Jujuy), Angel Mazza (La Rioja), Néstor Kirchner (Santa Cruz) y Julio Miranda (Tucumán).

«Acá lo más importante es reactivar el país, y hasta ahora no se ha tomado ninguna medida», dijo, molesto, el gobernador salteño Romero en el CFI. Otro mandatario peronista que lo escuchaba no sólo asintió sino que agregó: «¿Hay un plan para reactivar o ha sido un salto al vacío que quedó estacionado en la devaluación y el mantener cerrado el 'corralito'?».

Los gobernadores peronistas se reunieron ayer al mediodía, después de un encuentro preparatorio de las provincias nucleadas en el Frente Federal el martes por la tarde. Aunque desde un principio se afirmó que la reunión en el CFI sería de todos los mandatarios provinciales del país, ayer sólo lo hicieron los peronistas, en tanto que los 9 radicales lo harán hoy en el mismo lugar. Una curiosidad, ya que se podría pensar que los problemas son distintos y en consecuencia requieren de una estrategia propia. Nada que ver con lo que el gobierno promueve desde la mesa ecuménica de la publicitada concertación.

Sobre el final del cónclave, Manfredotti anticipó que los gobernadores peronistas se reunirían con Duhalde en Olivos más tarde, en principio, para entregarle un documento de apoyo a su gestión. Como para que quedara claro que, más allá de la discusión sobre la necesidad de contar con fondos para las provincias, éstas, o por lo menos las peronistas, apoyan la gestión del Presidente, sin fisuras.

• Compensación

Fue una manera de compensar la preocupación que ha ido ganando a Duhalde, por el distanciamiento que advierte en los gobernadores ante la posibilidad cierta de que se produzcan recortes en los fondos que deben llegarles. Durante la reunión en el CFI llamó la atención el grado de agresividad hacia el gobierno mostrado por el cordobés José Manuel de la Sota, quien señaló enfático que de los $ 101 millones que debían remitirles, sólo les mandaron $ 35 millones, de los cuales $ 8 millones fueron en pesos y el resto en bonos LECOP. Se sumó a la actitud contestataria el santafesino Reutemann, que señaló: «Vos estás mejor; a mí, en cambio, no me han mandado nada».

Para Reutemann, «el punto central de este encuentro debe ser mantener la paz social», planteó en el encuentro, preocupado por los conflictos que lo amenazan, a partir de la pueblada en Casilda contra los bancos locales.

Romero, desconfiando en las promesas, lanzó una advertencia a sus pares que rodeaban la mesa en el 7° piso del CFI: «Es posible que el Presupuesto contenga las cifras» de las partidas de coparticipación, pero lo importante es que «estén las previsiones financieras para que el dinero aparezca». Romero adelantó que los fondos de coparticipación que reclamará Salta serán sobre el piso $ 1.364 millones mensuales menos 13 por ciento de reducción que «ya habíamos firmado con (el ex presidente Fernando) De la Rúa».

Sin embargo, el portavoz de lo que piensa Duhalde sobre estos temas fue Kirchner, su antiguo aliado en la campaña del '99, cuando ambos enfrentaban a Carlos Menem, que estuvo reunido con el Presidente por la mañana en Olivos. Les aseguró que Duhalde «no quiere hacer recortes» en los fondos de la coparticipación para las provincias. Contó que le manifestó su intención de que «no haya recortes a la coparticipación en el Presupuesto».

Fue cuando Romero planteó sus dudas acerca del contenido del presupuesto y las disponibilidades financieras. Kirchner lo escuchó y volvió a la carga, convertido en oficioso vocero. Sostuvo que Duhalde «no quiere desfinanciar a las provincias» y que su intención es «respetar los convenios» sobre coparticipación firmados entre la Nación y las distintas jurisdicciones por el gobierno de De la Rúa. Afirmó que el Presidente «tampoco quiere recortes para las provincias» en el presupuesto 2002 que se está elaborando en Economía para enviar al Parlamento. Casi una obviedad, cuando Duhalde necesita que senadores y diputados, que responden a las directivas de los gobernadores, lo aprueben cuando ingrese al Congreso el próximo 4 de febrero.