Procesaron a Claudio Tapia y a otros directivos de la AFA por presunta evasión en la causa por millonarias retenciones no depositadas

La Justicia Penal Económica avanzó sobre el presidente de la AFA y otros dirigentes por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. El expediente detalla montos millonarios y múltiples períodos fiscales bajo sospecha. Embargo a los imputados Tapia y Toviggino por $350 millones a cada uno.

El juez Diego Amarante procesó a dirigentes de la AFA por la presunta retención indebida de aportes por más de $19.000 millones.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia y de otros directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias y previsionales que involucran cifras millonarias.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó la falta de depósito en término de sumas retenidas en concepto de impuestos y aportes. Según se consignó en la resolución, se habría verificado la “falta de pago, dentro del plazo legal correspondiente, de las declaraciones juradas” vinculadas a distintos regímenes impositivos y de seguridad social .

El expediente alcanza, además de Tapia, a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, junto con la propia AFA como persona jurídica.

Maniobras bajo investigación

De acuerdo con el fallo, los hechos investigados se centran en la presunta omisión de depósito, —dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, de fondos retenidos en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones al sistema de seguridad social.

El juez describió que se trata de una “presunta omisión de depósito, dentro de los treinta (30) días corridos de vencidos los plazos de ingreso, de los importes retenidos” por la AFA en distintos períodos fiscales .

Los montos involucrados, detallados en extensas planillas dentro de la resolución, alcanzan cifras multimillonarias y abarcan períodos entre 2024 y 2025. Cada omisión fue considerada como un hecho independiente a los fines penales.

En ese marco, los hechos fueron encuadrados como delitos de “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, previstos en la ley 27.430, con el agravante de haber sido cometidos con la participación de varias personas.

El rol de los imputados

La resolución también analiza la intervención de cada uno de los acusados. En el caso de Tapia, se lo señala como presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal, condición que lo ubicaba como responsable ante el fisco.

En tanto, respecto de los demás directivos, el fallo distingue períodos y funciones específicas. Por ejemplo, se atribuyen hechos a Víctor Blanco por etapas anteriores a abril de 2025, mientras que a Malaspina se le imputan conductas posteriores a su asunción como secretario general.

Las defensas

Durante sus indagatorias, varios de los imputados negaron responsabilidad y buscaron desligarse de la operatoria tributaria.

La defensa de la AFA fue técnica y se apoyó en tres ejes: falta de intervención directa, discusión sobre los vencimientos y ausencia de delito. Uno de los puntos centrales fue que los pagos sí se hicieron, pero con una interpretación distinta del vencimiento.

Y que la AFA actuó de buena fe:“…depositó íntegramente las sumas retenidas… junto con los intereses resarcitorios”.

Gustavo Lorenzo sostuvo que se encuentra “ajeno a cualquier manejo de realización, determinación, orden de pago y/o pago de todo tributo vinculado con la entidad” , y remarcó que sus funciones eran “meramente protocolares”.

En la misma línea, Cristian Malaspina afirmó: “soy ajeno a cualquier decisión relativa a los tributos cuya omisión de pago a tiempo se imputa en esta causa” , al tiempo que destacó que su cargo no incluye responsabilidades financieras.

Por su parte, Víctor Blanco negó haber intervenido en la gestión tributaria y aseguró que su rol era “esencialmente institucional y protocolar, sin intervención alguna en la operatoria tributaria y previsional” .