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3 de diciembre 2010 - 22:30

Procesaron a Jaime en la causa por presuntas dádivas de empresarios

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El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue procesado, sin prisión preventiva, por el delito de dádivas, a raíz de que empresarios privados a los que debía controlar le pagaban el alquiler de dos departamentos.

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La decisión fue tomada por el juez federal Norberto Oyarbide, quien a su vez procesó al presidente de la firma TEBA, Néstor Otero, sospechado por haber abonado el alquiler de los departamentos en los que se alojaban Jaime y su pareja Silvia Reyss, que fue sobreseída.

En la misma resolución, de más de un centenar de carillas, Oyarbide procesó también a Gabriel Ackerman y Daniel Preiti, dos directivos de TEBA, quienes firmaron como garantes de los contratos de alquiler a favor de Jaime.

La causa por dádivas surgió como un desprendimiento de la investigación principal que lleva adelante el magistrado por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario, jaqueado por las varias acusaciones en su contra en distintos expedientes que se siguen en Comodoro Py 2002.

El delito que se le imputa tiene que ver con que los directivos de la firma TEBA, a quienes Jaime durante su cargo benefició con la extensión de la licitación hasta 2015 de la explotación comercial de la terminal de ómnibus de Retiro, se hacían cargo del alquiler mensual de dos departamentos que habitaba Jaime.

Se trata de un departamento ubicado en Avenida del Libertador 654, que tenía un costo mensual de 1.400 dólares, y de otro en Cerrito 1518, ambos en Capital Federal.

Los dos departamentos eran propiedad de Frans Bell, de los hermanos Leonardo Javier y Fernando Redondo (este último ex futbolista), y según consta en la causa, un cobrador de dicha firma recaudaba los alquileres en la sede de TEBA, en Retiro.

Al ser indagado, Jaime dijo que el dinero salía de su propio bolsillo y justificó que el los sub-alquilaba, pagándole a los de TEBA, y estos a su vez a los propietarios de ambos departamentos, versión que fue rechazada por Oyarbide.

La pareja de Jaime, Reyss, también tuvo que presentarse a declarar en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, donde Oyarbide tiene su juzgado.

En su breve declaración, la mujer del ex secretario de Transporte negó las acusaciones y alegó que en 2003, cuando se hizo el contrato por el departamento de Cerrito, ella no tenía ningún vínculo con el entonces funcionario.

Oyarbide también tiene pendiente resolver un pedido del fiscal federal Carlos Rívolo para que cite a Jaime por dádivas pero por otros hechos.

En ese marco, el fiscal sospecha que el lujoso avión Lear Jet, valuado en 4 millones de dólares, era utilizado por el entonces funcionario de manera personal.

La información surgió a raíz de una serie de correos electrónicos que intercambiaron Jaime y su entonces asesor Manuel Vázquez, que fueron descubiertos durante una pericia por expertos informáticos de la UBA, de unas once computadoras secuestradas en oficinas de este último.

En esos correos, Vázquez le informó a Jaime, a su casilla oficial, sobre cómo iban las gestiones para conseguir dinero (se supone que de al menos tres empresarios) para poder comprar el avión en los Estados Unidos, donde actualmente se encuentra.

El fiscal Rívolo pidió que sea citado además el ex asesor Vázquez, y el hijo de éste, Julián, por las gestiones que habrían hecho para conseguir dinero de empresarios privados para poder comprar el avión.

Los correos electrónicos sirvieron para aportar más pruebas a otros procesos penales que afronta Jaime, ya que Oyarbide entregó parte de los mismos a otros jueces que investigan al ex funcionario.

Así, Oyarbide trasladó aquellos que pueden ser de incumbencia a su par Claudio Bonadío, que investiga a Jaime por presuntas dádivas a raíz de que viajaba en vuelos pagados por empresarios que él debía controlar.

En tanto, remitió correos al magistrado Sergio Torres, que lleva adelante una causa en la que el ex funcionario está como imputado por la renovación de todos los vagones y de todas las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte.

Además, el material también llegó a manos del juez Julián Ercolini, que tiene a su cargo una pesquisa por la compra de material ferroviario.

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