Joan C. Lenard fue designada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton para desempeñarse como titular de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
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Egresada de la Escuela de Derecho de Antioch en 1976, está casada con Howard Lenard, un reconocido abogado de North Miami Beach.
La jueza Joan Lenard ya tiene experiencia en la investigación sobre el accionar de espías extranjeros en suelo norteamericano. En 2001 instruyó el caso conocido como «Red Avispa» durante seis meses, celebrándose más de cien audiencias a lo largo del mismo. Los acusados fueron condenados a penas de más de quince años de prisión y reclusión perpetua.
La investigación judicial había comenzado en setiembre de 1998 cuando el Departamento de Justicia norteamericano acusó a catorce miembros de la inteligencia cubana de «conspirar para recopilar y entregar información de defensa a un gobierno extranjero y por no haberse registrado como agentes en Estados Unidos».
Antes del veredicto, Lenard realizó una terminante advertencia a los integrantes del jurado que, para no despertar críticas, no tuvo en su panel a ningún ciudadano norteamericano de raíces cubanas.
«No pueden leer sobre este caso en los periódicos, ni escuchar un comentario de radio o una noticia de televisión sobre el mismo. Los medios de prensa pueden contener asuntos que no constituyen evidencia apropiada para su consideración. Ustedes deben basar su veredictocompleta y únicamenteen la evidencia que se presente en esta sala.»
En abril de 2006 Lenard condenó al ex jefe de la inteligencia militar de Honduras Juan López Grijalba a pagar la suma de 47 millones de dólares a los familiares de numerosas víctimas ejecutadas por subordinados suyos. Grijalba fue deportado de Miami en 2004 por el gobierno norteamericano tras residir durante seis años en esa ciudad.
Entre 1980 y 1982 varios oficiales argentinos pertenecientes al ex Batallón 601 participaron junto a López Grijalba en la instrucción de los escuadrones de la muerte asimilados a las fuerzas de la represión encabezadas por el ex general Gustavo Alvarez Martínez.
El actual director del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte, se desempeñó como embajador norteamericano en Honduras entre 1981 y 1985. En junio de 1982 Negroponte tuvo que intervenir personalmente para liberar a un conocido periodista, Oscar Reyes, que había sido detenido y torturado por el Batallón 3-16 durante una semana. El embajador actuó a petición del portavoz para la prensa de la embajada, que avisó a Negroponte: «No podemos dejar que se le haga daño, sería un desastre para nuestra política». El 27 de agosto de 1997, el inspector de la CIA general Frederick P. Hitz liberó un documento clasificado de 211 páginas titulado Selected Issues Relating to CIA Activities in Honduras in the 1980s 96-0125-IG. Este informe fue parcialmente desclasificado el 22 de octubre de 1998 en respuesta a las repetidas demandas del procurador de los derechos humanos en Honduras. El entrenamiento de personal militar hondureño por la CIA fue confirmado por Richard Stolz, director de operaciones en aquellos años, en un testimonio secreto ante el Senado en 1988: «El curso consistía en tres semanas de instrucción en clase, seguidas por dos semanas de ejercicios prácticos que incluían el interrogatorio de prisioneros por los estudiantes [...], el abuso físico u otro tratamiento degradante se rechazaba, no sólo porque no está bien, sino porque históricamente se ha probado que no es eficaz».
Persiguiendo a las FARC
La jueza Lenard consiguió la declaración de culpabilidad de un ciudadano palestino y un ex detective colombiano acusados de conspirar para brindar apoyo a las FARC y contrabandear extranjeros.
El palestino Jalal Sadat Moheisen, de 49 años, ex detective del servicio de inteligencia colombiano (DAS), y el colombiano Nicolás Ricardo Tapasco Romero, de 45, también ex agente del DAS, fueron extraditados a Estados Unidos en febrero y enero del año pasado, tras de ser arrestados en Bogotá en enero de 2006.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, Sadat y Tapasco enfrentan un máximo de 15 años de prisión y embargos de hasta 250.000 dólares.
Sadat, residente en Bogotá hasta su extradición, admitió ante Lenard que facilitó viajes a Miami, entre otros, a tres informantes del gobierno estadounidense que se presentaron como miembros operativos de las FARC que buscaban llevarse de Estados Unidos 4,5 millones de dólares para lavarlos en Colombia. Sadat y Tapasco, que entonces estaba destinado a la división de inmigración del DAS, coordinaron varios viajes a Estados Unidos en los que proveían a los viajeros pasaportes españoles, licencias de conducir del mismo país y otros documentos, todos falsificados, y se encargaban que nadie fuera inspeccionado en el aeropuerto internacional de Bogotá.
Los dos ex agentes del DAS cobraban 4.000 dólares por cada viaje. Además Sadat cobraba 5.000 dólares por las reservas de los vuelos y por la obtención de los documentos españoles falsos.
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