Desde 1215, cuando se firmó la Carta Magna que se le impuso al rey Juan sin Tierra en Inglaterra, ningún impuesto puede ser creado sin consultar primero al pueblo. Ese derecho se mantiene vigente hasta ahora en casi todas las democracias del mundo: sólo los diputados pueden avanzar en la creación de tributos y así lo dice la Constitución argentina. Hoy el Senado intentará cambiar la historia. Apelará a antecedentes de 1945 y 1948 para justificar la votación de la Ley de Seguridad Vial que pide el gobierno y que contiene la creación de un impuesto sobre las pólizas de seguros en automotores. Quedará después para los diputados decidir si respetan el principio histórico o la pretensión de la Casa Rosada de tener la ley cuanto antes.
Una vieja disputa constitucional volverá a aparecer hoy en el Congreso cuando el Senado apruebe el proyecto de ley de seguridad vial que le envió el gobierno, incluyendo la creación de un impuesto de 1% sobre las pólizas de seguros de automotores de todo el país. Ese tributo se creará para financiar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y más allá del impacto que tendrá en el costo de las pólizas, el problema es que la Constitución no habilita al Senado a ser cámara de origen en materia tributaria. Por lo tanto, el gobierno debió haber presentado el proyecto por Diputados.
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Pero como en estos tiempos esas molestias constitucionales no son tenidas en cuenta, los senadores del kirchnerismo avanzarán hoy en la aprobación de la nueva ley de seguridad vial, después que hace 15 días ya aprobaron el Convenio Federal que acompañaesa norma. Para tratar de evitar problemas, Miguel Pichetto pidió tener listo un dictamen de la Secretaría Parlamentaria del Senado donde se interpreta que la ley que contiene el nuevo impuesto puede ser votada en esta ocasión. Para eso se citarán dos antecedentes de 1945 y 1948, donde la Cámara alta avanzó en creación de impuestos antes que Diputados, una forma de intentar respaldar una votación que luego puede ser cuestionada cuando los diputados reclamen su prioridad constitucional para debatir esos temas.
La cuestión, que puede parecerun mero formalismo, es en realidad el núcleo central de la mayor parte de los conflictos que se generan entre las dos cámaras a la hora de aprobar proyectos.
Resistencia
Por eso ahora quedará pendiente el dictamen de los diputados sobre el tema cuando reciban del Senado la norma sobre seguridad vial para convertirla en ley. El bloque que preside Agustín Rossi no había fijado posición ayer, pero sólo le quedan tres caminos. Resistirse a votar el artículo donde se crea el impuesto (incorporándolo luego a una nueva ley), pedir que se inicie todo el proceso de nuevo en Diputados o convalidar lo votado en el Senado, con lo que estarían convalidando abiertamente por primera vez que ya no tienen la potestad absoluta a la hora de iniciar el tratamiento de nuevos impuestos.
El problema no es menor para la Casa Rosada. Cualquiera de las dos primeras opciones obligaría a los diputados a devolver el proyecto al Senado, demorando la norma que, aunque se tome la tercera opción, será difícil que esté convertida en ley para cuando Cristina de Kirchner visite el sábado el Congreso para dar su mensaje sobre el estado de la Nación al abrir el período ordinario de sesiones.
Pólizas
Ayer la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte avanzó con el dictamen del proyecto de ley de seguridad vial para que estuviera listo para la sesión de hoy.
En esa reunión su presidente, el correntino Fabián Ríos, intentó argumentar a favor del poder del Senado para tratar el tema. Para él, el gravamen sobre las pólizas automotores no es en realidad un impuesto ya que la aplicación de la ley redundará en mayor seguridad en la rutas y, por lo tanto, en una reducción de los costos de las pólizas.
Además, sostuvo, el tributo no se aplicará sobre el cliente de la compañía de seguros sino sobre la póliza misma. Ninguno de los dos argumentos resiste la aplicación de la más básica teoría tributaria.
Desde el kirchnerismo afirmaron que ya se hicieron todas las consultas constitucionales sobre el caso para poder avanzar en la votación y no tener que postergar la creación del nuevo impuesto. Pero la última palabra la tendrá Diputados.
En el fondo existe un argumento político que nada tiene que ver con la cuestión impositiva. Ni el Senado ni Diputados quieren dar la mala noticia a la Casa Rosada de la postergación de la ley. De esta forma, unos están echando la responsabilidad sobre los otros.
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