Ratifican denuncia por pagos irregulares

Una denuncia contra tres funcionarios de la Legislatura porteña, que se sospecha que pidieron coimas y pagaron sobreprecios, fue ampliada y ratificada ayer ante la Justicia de la Capital Federal. El director general de administración de la Legislatura, Horacio Lagier, presentó a la jueza Mónica Berdión, que lleva el expediente, una nómina de cuatro empresas que figuraban con sus deudas canceladas por los ex funcionarios investigados, pero que igual se presentaron a reclamar el pago de sus servicios de distintos rubros. Esas facturas se agregan a la lista de irregularidades que habrían cometido los funcionarios investigados, quienes además de ser acusados de intentar -presuntamente-cobrar coimas, presentaron un faltante de dinero en la rendición de seis cajas chicas de $ 10.000 cada una. La documentación que se agrega al juzgado es el resultado del monitoreo que está realizando la Auditoría General porteña a pedido de las autoridades legislativas, una contabilidad minuciosa desde el 6 de agosto de 2000, cuando asumieron los nuevos legisladores, hasta el 31 de diciembre pasado.

Cuentas impagas

La administración de la Legislatura encontró ahora que están impagos un servicio de lunch, el mantenimiento de las plantas que adornan el edificio, placas de bronce que se disponen como homenajes y el alquiler de equipos de audio. Incluso, en algunos reclamos, no se encuentran las facturas que las empresas aseguran haber presentado y que no se les habrían pagado.

La causa por supuesta «administración fraudulenta y cohecho» fue presentada el 11 de enero, después de que directivos de la firma Eudeba hicieran conocer a las autoridades de la Legislatura que dos personas habrían solicitado el pago de un retorno por la contratación de software. Esos hombres, que no eran empleados de la Legislatura, habrían formulado el pedido de 10% de los $ 300 mil que costaba el programa informático que se iba a comprar, y lo habrían hecho en nombre del ex director administrativo Hugo Verdier, cuya conducta se investiga junto a las de los ex empleados Felipe Crespo y Omar Vázquez. Los tres ex funcionarios fueron contratados por una propuesta de Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo que conforma un bloque de 20 legisladores integrado con el partido de Gustavo Béliz y peronistas.

Otras denuncias

Dos denuncias más fueron presentadas por el mismo tema y podrían ser unificadas en una sola causa, la de la jueza Berdión con la fiscalía de Pablo Lanusse.

Otro de los hechos que se tomaron como irregulares por parte de los funcionarios es la compra de 300 sillas apilables para el salón Dorado del edificio, que se pagaron $ 14.000, pero que no contaron con la mecánica de compras que sigue la Legislatura, con precio testigo y que, además, no estarían en buenas condiciones.

Enríquez estimó: «Para fines de febrero estará terminada la auditoría especial que pedimos para aclarar estos hechos y ahí tendremos más claridad, incluso sobre el monto de la defraudación que se está investigando». El radical indicó, además: «Los funcionarios utilizaron una cuenta que se llama de gastos rotativos y que se utiliza para casos de urgencia, por ejemplo, para comprar vasos plásticos por $ 2.300 y un televisor color por $ 320».

Desde que el Concejo Deliberante tomó status de Legislatura en 1997, ésta es la segunda denuncia referida a pedidos de presunta coima. La anterior desplazó de sus puestos en la administración a funcionarios del radicalismo.