Reclaman ley demorada desde 1994 para frenar gobierno por decreto

Política

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclamó la sanción de una ley que reglamente el dictado de los decretos de necesidad y urgencia y ponga fin a esta mecánica que explota con bastante frecuencia Néstor Kirchner.

Para los abogados porteños es «incomprensible» que el gobierno acuda a esta herramienta cuando dispone de una cómoda mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Kirchner ostenta el récord absoluto en firmar decretos de necesidad y urgencia desde que se instaló en la Casa de Gobierno con un promedio de 5,54 por mes.

Desde el regreso de la democracia ningún jefe de Estado firmó tanto como Kirchner. Sólo es comparable con la velocidad de Adolfo Rodríguez Saá: en seis días firmó seis decretos de necesidad y urgencia.

• Instrumento preferido

Se sabe que los famosos DNU son el instrumento preferido de los políticos, para desactivar una cerrada oposición o para activar la voluntad política. Pero hoy parece ser una adicción en el gobierno del patagónico: en un año ya firmó 61 decretos, mientras que Fernando de la Rúa rubricó 56 en dos años de gobierno. Muy lejos aparece el radical Raúl Alfonsín que durante su mandato recurrió en 11 oportunidades a los DNU, según un informe del semanario «Parlamentario».

Ni siquiera tiene comparación con la gestión de
Carlos Menem que en 10 años y medio de gobierno firmó 248 decretos.

Sí se asemeja -en esta afición- a su antecesor
Eduardo Duhalde que como jefe de Estado firmó 156 decretos, incluso el llamado «corralón» con las manifiestas características de inconstitucionalidad ya conocidas.

Teóricamente, estos decretos de «
necesidad y urgencia» -como su nombre lo indica- se justifican en circunstancias excepcionales y cuando el Congreso, por diferentes razones, no podía reunirse. Pero no es éste el caso. En ambas cámaras, el oficialismo tiene los números suficientes para sancionar las leyes que pretenda, sin necesidad de adoptar los decretos como metodología. No es un detalle menor.

Según los abogados porteños, que el gobierno «
desconozca» las facultades del Poder Legislativo significa transgredir los principios elementales de un régimen democrático.

Más grave es la pasividad de los legisladores, que «
declinando sus atribuciones específicas, con su inacción convalidan el ilegal sistema». En esa línea de razonamiento, sostienen que « tampoco los jueces» han sido hasta ahora freno para detener estas disposiciones que « desnivelan el necesario equilibrio a favor del Ejecutivo».

La causa que le permite al gobierno excederse y erosionar el estado de derecho no es otra que un vacío legal.

Los DNU estaban marginados en el texto de la Constitución histórica de 1853/'60. Sólo en casos especiales se dictaron unos pocos en la primera centuria de su vigencia, que luego fueron convalidados por ley. A partir de 1983,
Alfonsín -aduciendo razones prácticas- los comenzó a utilizar con frecuencia y, aunque se dictaron más de una decena, varios de ellos no fueron avalados por el Poder Legislativo.

• Requisitos

Pero en la década del '90, se firmaron centenares de DNU, favorecidos por las reforma de la Constitución de 1994, que los incorporó a su texto. Sin embargo, también se fijó una serie de requisitos para su viabilidad, a través de una ley especial que en estos 10 años no se ha dictado.

Es -al menos- extraño que un Congreso con mayoría propia no haya alcanzado los votos necesarios para sancionar una ley que controle la actividad legislativa del Ejecutivo.

Tamaño número de decretos en un corto tiempo de gestión es una demostración del poder acumulado en la Casa de Gobierno y una evidente debilidad en los otros dos poderes: el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, encargada del control de constitucionalidad del gobierno.

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