Reflexiones sobre democratizción del Poder Judicial

Eduardo Barcesat

Por Eduardo Barcesat - Profesor de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho (UBA)

Sea que se lo denomine como proceso de "democratización" o de "legitimación" del Poder Judicial de la Nación, el rasgo esencial y vertebrador de estas iniciativas y propuestas legisferantes tiene su arco de soporte constitucional en lo establecido por el art. 1º de la C.N., en cuanto establece que la Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno.

Hasta aquí, el carácter representativo y republicano del Poder Judicial de la Nación ha sido débil. En efecto, los jueces no son electos por el pueblo de la Nación Argentina, en quién reside la soberanía y su derecho de autodeterminación.

Tampoco se trata de un poder republicano, como que sus funciones son vitalicios, lo que es esencialmente contrario a la naturaleza de un poder republicano que impone periodicidad del mandato, control de gestión por el pueblo de la nación y publicidad de sus actos. Los únicos poderes que son vitalicios son los monárquicos y los papales, o de otras congregaciones religiosas.

Las reformas propuestas no implican -de ninguna manera- que los jueces sean electos, directamente, por el voto popular. Los que son electos por voto popular son los abogados, jueces y académicos que integrarán el Consejo para la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación, que es un órgano esencialmente político, que no administra justicia; esto es, que no conoce ni decide en ninguna causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales (arg. Art. 116, C.N.).

El Consejo para la Magistratura sí tiene importantes funciones que atañen al desempeño de la magistratura; elige las ternas de candidatos a jueces, por concursos de antecedentes y oposición; ejerce el poder disciplinario; remueve mediante jurado de enjuiciamiento a los jueces que se hallaren incursos en mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones y administra el presupuesto para el Poder Judicial de la Nación.

Como órgano político que es el Consejo para la Magistratura, nada más democrático que su integración tenga la mayor participación popular. Y ese carácter político no es algo espurio o contrario a la C.N., sino que resguarda la esencia de todo poder representativo: el expresar y responder al mandato popular.

Es significativo que se equiparen para los concursos a los que provienen de la administración de justicia y a los aspirantes que vienen del ejercicio de la abogacía. Y mayor encomio merece que se haya puesto en estado operativo al art. 36 de la C.N. (deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional), al inhabilitar, conforme la manda constitucional, a quienes hayan prestado servicio a la usurpación del poder político -la dictadura cívico/militar-, para ocupar cargo o función pública alguna.

La creación de nuevas Cámaras de Casación posibilitará que estos tribunales de tercera instancia, al igual que ya existe en el Fuero Penal, sean el superior tribunal de la causa y dicten las sentencias definitivas, uniformando la jurisprudencia de los distintos tribunales del país y asegurando mejor servicio de justicia. A la vez, la iniciativa aliviará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de resolver -o maltratar- más de diez mil causas que reciben por año. Será, la Corte Suprema, un Tribunal Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y de convencionalidad (tratados internacionales) en las causas de mayor trascendencia institucional.

Ampliaremos estas iniciales reflexiones cuando se hayan conocido y debatido en el Congreso de la Nación estos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional.